Hacienda interviene las cuentas catalanas tras ‘cazar’ una mordida de 6.150 euros para el referéndum

El Ministerio de Hacienda detectó en junio una mordida de la Generalitat de 6.150 euros destinados al referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Una partida que pillaron los inspectores de Montoro y que ha propiciado la decisión del Gobierno de hacer un seguimiento de absolutamente todos los gastos del Ejecutivo catalán.

Sin embargo, la lupa que Montoro pondrá sobre las cuentas catalanas no la han visto hoy por primera vez desde la Generalitat, toda vez que el Ministerio de Hacienda envió el pasado martes una carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que instaba a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, a detallar a qué se refieren esos gastos superiores a 6.000 euros en el plazo de 48 horas.

La partida de gastos ‘sospechosa’ estaba bajo el epígrafe Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales. Ésta contemplaba un importe de 19.370 euros, pero bajo la misma se registraban autorizaciones de gasto ‘extrañas’ por un total de 25.520. La diferencia, de 6.150 euros, fue lo que hizo saltar las alarmas en el departamento que controla Cristóbal Montoro.

La misma misiva que envió Hacienda, de hecho, ya advertía de que, en caso de que la finalidad de esta partida fuera para el referéndum ilegal del 1 de octubre, se tomarían medidas. La carta, por cierto, la firma el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

Según ha podido confirmar OKDIARIO por fuentes de Hacienda, pese a esas 48 horas que se concedió al Ejecutivo catalán para explicar a qué se destinaron esos 6.150 euros, este viernes aún no se había recibido ningún tipo de información al respecto por parte de la Generalitat, hecho que ha generado un “gran enfado” en el ministerio, que ha provocado a su vez que hayan endurecido el control sobre las cuentas catalanas.

Así, el Gobierno de Mariano Rajoy ha advertido este mismo viernes a la Generalitat de Carles Puigdemont, a la interventora general, a los interventores de las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro, de que harán una revisión de sus gastos cada semana.

En caso de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont desobedezca esta orden, y no envíe todo lo que le requiera el Gobierno central, los afectados se enfrentarán a responsabilidades penales y a sanciones individuales.