Galletas, mermelada, aceite y arroz: las cestas de Díaz imitan la cartilla de racionamiento cubana

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, avanza en su plan para limitar el precio de una serie de productos básicos y elaborar con ellos unas cestas de abastecimiento para los consumidores. Algunas firmas, como Carrefour, ya han puesto en el mercado una de esas cestas -valoradas en 30 euros-, iniciativa que Díaz y el Gobierno han aplaudido. Su composición es muy similar a las llamadas canastillas, los paquetes que aún hoy reciben los cubanos en base a sus cartillas de racionamiento.

Díaz -simpatizante abiertamente del régimen castrista- y el ministro de Consumo, Alberto Garzón intentarán este mismo lunes que otras grandes cadenas se sumen a esta iniciativa con soluciones semejantes. Pero un vistazo a la composición de esas cestas revela un hecho significativo: son muy similares, en contenido, a las canastillas cubanas.

Entre los 30 productos señalados de esa cesta de Díaz hay arroz, aceite, sal, pasta, café, jabón de baño, jabón de fregar, leche, mermelada, galletas y harina. Esos diez alimentos forman la columna vertebral básica de la cartilla de racionamiento cubana. La «Libreta», como la conocen los isleños. En ninguna de ambas se incluyen productos frescos.

Todos estos artículos -junto a otros típicos de la gastronomía cubana, como los frijoles- figuran escritos a máquina en las propias cartillas de racionamiento. El resto de alimentos o productos suministrados puntualmente son escritos a mano en cada libreta por funcionarios cubanos.

La «canastilla» cubana

La Canasta Básica de Alimentos es la denominación oficial de esa conocida cartilla de racionamiento cubana, ya que las autoridades comunistas tratan de huir de términos peyorativos como «racionamiento». Es la Oficina de Control de Distribución de Alimentos (OFICODA) la que controla su distribución ordenada, que se realiza a través de las «bodegas»: los economatos estatales que gestionan funcionaros cubanos con mano de hierro.

Cualquier infracción o intento de estafa es penalizado duramente. Por ejemplo, utilizar la cartilla de un preso, un muerto o de una persona que ha huido de Cuba para obtener unas raciones extra puede suponer la cancelación de toda la libreta familiar y cuantiosas multas. Por eso, para poder comprar debe pasarse el documento de identidad cubano por un escáner, quedando ahí registrado el contenido de su compra de cara a una posible inspección estatal.

«Proteger al consumidor»

El Gobierno cubano lleva años anunciando el fin de esta cartilla de racionamiento, conocedor de la mala fama que esta tiene fuera de sus fronteras. Sin embargo, a día de hoy sigue operando como el primer día.

En 1960, el propio Fidel Castro anunció a bombo y platillo su Ley de Protección al Consumidor para «evitar el encarecimiento injustificado de la vida, impidiendo toda forma de especulación mercantil». Tres años más tarde nacería la «Libreta», la cartilla de racionamiento. Y con ella la canastilla, que incluía esos productos básicos que eran entregados a cada familia.

Con el paso de las décadas y con el desmoronamiento de algunas estructuras básicas del castrismo tras la muerte de sus líderes, el modelo de la canastilla cambió sustancialmente: los productos ahora no son gratis, sino que tienen un precio limitado menor que el del exiguo mercado privado cubano.

Cada semana, las familias cubanas acuden a los almacenes estatales a comprar esas canastillas a precios reducidos, con las que subsistir hasta la siguiente semana. Los funcionarios les sellan la cantidad de productos de cada clase que se han llevado a su hogar, para que no puedan repetir hasta la próxima fecha.

Mismo argumentario

No sólo la composición de la cesta básica de alimentos es muy semejante en España y Cuba. También lo es el argumentario que rodea su implantación por parte del Ejecutivo de coalición. En 2021, en Cuba, se puso en marcha una negociación con distribuidores para limitar el precio de productos escasos.

Así lo anunciaba en aquel momento el sucesor de los Castro, Miguel Díaz-Canel: «Hay que ir a una discusión política con todos los productores y comercializadores, y convencerlos de la necesidad de, en las circunstancias actuales, renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o ganancia particular o colectiva, en función de bajar precios y que la población tenga precios más asequibles».

En España, Díaz lo anunció así: «Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 y 30, que le garanticemos a la ciudadanía».

La CNMC avisa

El plan de Yolanda Díaz ha sido recibido con reticencias entre las asociaciones de productores y distribuidores. E incluso entre algunos sectores de su propio Gobierno. De hecho, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido a las distribuidoras que sean prudentes en la reunión que tendrán este lunes con la vicepresidenta.

En concreto, el organismo aconseja «valorar cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios» y advierte que «vigilará, inspeccionará y sancionará cualquier concertación que puedan pactar las empresas», según explican desde la CNMC a OKDIARIO.

El hecho de que un sector pacte precios tiene efectos claros sobre el mercado. En la práctica se trata de la formación de un cártel, como ocurrió con el sector de la automoción hace una década. Y aunque a priori se entiende que podría suponer un beneficio para los consumidores -y por tanto el cártel sería legal-, aún está por comprobar el efecto real que pueda tener sobre los precios de otros productos o cómo pueda afectar a marcas que fabriquen esos mismos bienes incluidos en las cestas de Díaz.