Carrefour blanquea la estrategia de Yolanda Díaz mientras Hacienda le pisa los talones desde hace 10 años

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Carrefour blanquea la estrategia de Yolanda Díaz mientras Hacienda le pisa los talones desde hace diez años

Carrefour España se abraza a Yolanda Díaz mientras María José Montero inspecciona a fondo las cuentas del grupo. La filial española del gigante francés de la distribución mantiene una elevada conflictividad con el fisco español desde hace más de una década, cuando Hacienda reclamó al grupo 366 millones de euros.

Desde entonces, ejercicio tras ejercicio, las sociedades de Carrefour en España acuden a los tribunales para tratar de solventar alguna reclamación fiscal, mientras que, año tras año, Hacienda inicia actuaciones inspectoras sobre los impuestos pagados por el grupo.

Tanto Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, como María José Montero, que ocupa el mismo puesto con Pedro Sánchez, han realizado un férreo marcaje sobre los impuestos que Carrefour paga en España.

Alexandre de Palmas, jefe de Carrefour España, y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer jueves.

El 21 de enero de 2021 Hacienda inició la comprobación del Impuesto de Sociedades atendido por Norfin Holder, la sociedad matriz de Centros Comerciales Carrefour, entre los años 2016 a 2019, respecto a la deducibilidad fiscal de determinados gastos.

La sociedad española Norfin Holder, controlada en un 79,9% por Carrefour Francia y en un 20% por la sociedad holandesa Carrefour Nederland, firmó acta en disconformidad.

La compañía informa en sus cuentas de 2021, consultadas por este periódico, que presentó alegaciones recibiendo notificación de la liquidación definitiva el pasado 22 de marzo «sin tener incidencia significativa en las presentes cuentas anuales». La empresa añade que tenía previsto interponer Reclamación Económica Administrativa ante el Tribunal Económico Central «aportando la correspondiente garantía».

En las mismas cuentas de 2021, la matriz de Centros Comerciales Carrefour explica que el 24 de julio de 2017 se iniciaron actuaciones inspectoras por el Impuesto de Sociedades de los años 2012 a 2015, entre otros impuestos. La empresa también firmó en disconformidad el acta respecto al Impuesto de Sociedades reclamado por Hacienda. En septiembre de 2021 el grupo interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

A 31 de marzo de 2022, Norfin Holder tiene pendientes de comprobación el Impuesto de Sociedades desde 2016, y los últimos cuatro años para el resto de impuestos.

Este diario se puso el jueves en contacto con la compañía para precisar las cantidades reclamadas en la actualidad por Hacienda, pero no fue posible obtener una respuesta.

Centros Comerciales Carrefour, la compañía que administra los establecimientos del grupo en España y que está controlada por Norfin Holder, señala en sus cuentas de 2021 que ha concedido avales por importe de 23 millones de euros, la mayor parte de ellos «exigidos por entes públicos como garantía de pago de impuestos y tasas, así como la obtención de licencias de obras y urbanización de los hipermercados».

366 millones reclamados

El enfrentamiento entre Carrefour y Hacienda viene de lejos. En 2011 finalizaron actuaciones inspectoras sobre Norfin Holder, firmando la matriz de Centros Comerciales Carrefour actas en disconformidad respecto del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2004 a 2007, por importe de 366,16 millones de euros.

La empresa explica en las cuentas del ejercicio 2012 que interpuso reclamaciones contra los acuerdos de liquidación correspondientes a dichas actas ante el Tribunal Económico Administrativo Central. En febrero de 2013 Hacienda inició inspecciones sobre el Impuesto de Sociedades, el IVA, retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, del capital, por imposición a no residentes…

En 2013 la compañía provisionó 310,5 millones de euros correspondientes a «la resolución de las actuaciones inspectoras que la Sociedad tenía abiertas con las Administraciones Públicas». En 2014 la empresa ya no alude en sus cuentas a dicho contencioso, y la millonaria provisión de 310,5 millones desaparece.

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