Los funcionarios avisan del atasco judicial que causa el Gobierno: los casos pendientes se disparan un 30%

Otro atasco judicial acaba de ser destapado por el sindicato CSIF. La tasa de asuntos pendientes en la Justicia española ha aumentado casi un 30%. Y ello, pese a que los asuntos que han entrado en los tribunales han descendido un 12% por el confinamiento. Se trata del último caos del Gobierno en pleno Covid.

“Las bolsas de personal interino ya están agotadas y el Ministerio contrata refuerzos de las listas del paro”, señalan desde el sindicato. El CSIF ha exigido ya al ministro que abra la mesa de negociación para abordar las reformas pendientes ante la incesante aparición de focos de atasco y caos en plena pandemia.

CSIF ha decidido empezar a pasar a la movilización para dejar claro que la situación de atasco no puede continuar así. Con esa idea, más de doscientos funcionarios, “respetando todas las medidas de seguridad impuestas por el Covid19”, han participado este miércoles en la concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la judicatura, para reclamar un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos ante la saturación actual de los juzgados, como destacan miembros del sindicato.

En la concentración, celebrada frente al Ministerio de Justicia bajo el lema ‘Por una justicia con medios. Nos sobran motivos’, los empleados públicos han coreado lemas para denunciar la situación actual y reclamar más medios y recursos.

Y es que la situación de atasco y caos se ha generalizado. Así, pese a que el número de asuntos ingresados y la litigiosidad han disminuido un 12,3% y un 12,8%, respectivamente, en el último año -tal y como muestran los datos del CGPJ correspondientes a 2020-, como consecuencia del confinamiento, los casos acumulados no dejan de crecer.

La pendencia (la ratio entre los asuntos que ingresan y los que se resuelven) ha aumentado un 29,6 por ciento, con una tasa del 0,60, o, lo que es lo mismo, los juzgados tendrían que trabajar 7 meses sólo para poder sacar adelante exclusivamente el trabajo pendiente.
La tasa de asuntos pendientes por jurisdicciones afecta de manera singular al área de lo Civil (0,85: 7 meses); Contencioso Administrativo (1,13: un año y dos meses); y Social (1,12: un año y un mes). La jurisdicción de lo Penal es la más ágil, aunque arrastra también una pendencia de 3,7 meses. Además, según datos del propio Ministerio de Justicia, se prevé que el número de asuntos se incremente este año un 140 por ciento, teniendo en cuenta circunstancias como el fin de los ERTE y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, de lo Social.

«Situación insostenible»

“La situación, por lo tanto, es ya insostenible. Desde CSIF lanzamos la voz de alarma. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos, con una dotación mínima de 19.299 personas de nuevo ingreso”, destacan desde el sindicato.

Desde CSIF aclaran que, «a modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de la media europea. Se da, además, la circunstancia de que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el Ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos. A todo ello se suma el deterioro y la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que también afectan a la tramitación de los procedimientos”.

CSIF ha exigido ya al ministro de Justicia, en consecuencia, reactivar el diálogo social. “No vamos a tolerar que la reforma de la Justicia se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo. Esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de las personas al servicio de esta Administración, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio, respecto a aquellas personas que dependen de las comunidades autónomas. La Justicia necesita medios para cumplir con su función en beneficio de la sociedad. La solución para resolver los problemas de este servicio público está en invertir en el capital humano y en los medios materiales como corresponde a un servicio esencial”, añade el sindicato.