Ley de Memoria Histórica

Los Franco recuerdan a Sánchez que el Rey les reconoció como dueños del Pazo dándoles el señorío de Meirás en 1975

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, justificaba la demanda judicial de su Ejecutivo contra la familia Franco por la propiedad del Pazo de Meirás al considerar que el dictador y sus herederos "actuaron contra derecho".

El nieto de Franco: "Los que reclaman el Pazo de Meirás son los mismos que lo quemaron en 1978"

Pazo de Meirás
El Pazo de Meirás, en Sada.

En plena batalla legal por la propiedad del Pazo de Meirás que el Gobierno socialista en funciones reclama a los herederos de Franco, uno de los nietos del dictador recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que todavía conservan el señorío de Meirás. Un argumento más con el que la familia trata de combatir la tesis de la Abogacía del Estado ante la Justicia de que el histórico inmueble era propiedad del Estado español desde 1938.

Sin embargo, en unas recientes declaraciones públicas, Francis Franco Martínez-Bordiú se lamenta de cómo «pocos recuerdan hoy que el 1 de diciembre de 1975 el Gobierno y S.M. el Rey D. Juan Carlos I, firmaron el único Decreto Ley que se ha hecho para conceder un título nobiliario: el título de Señora de Meirás con Grandeza de España a mi abuela, tan entrañablemente unida a una gloriosa etapa de la historia de nuestra Patria». Título que «hoy ostento con enorme orgullo y gratitud», añade.

El Gobierno de Pedro Sánchez agotaba su mandato sin avances significativos respecto de la demanda civil que debía presentar el Ejecutivo socialista para atender la petición del Parlamento gallego que -en julio de 2018- aprobaba por unanimidad el inicio de los trámites necesarios para despojar a los herederos del dictador del histórico inmueble gallego. Un trámite que la Abogacía del Estado aceleraba, repentinamente, tras la celebración de elecciones municipales y autonómicas y una vez alcanzados acuerdos de gobernabilidad en diputaciones y consistorios con los nacionalistas del BNG.

También quedaba pendiente de tramitación la nueva proposición de ley presentada por el Gobierno -el pasado 19 de julio- en el Congreso para reformar la normativa vigente en materia de Memoria Histórica. En el ánimo de los socialistas, salvar el escollo de la inhumación de Franco, una vez el Supremo resuelva si autoriza la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. Algo que, sin embargo, no avala el artículo 19 de su propio texto.

Ducado de Franco 

El decreto 302811875, de 26 de noviembre de 1975, concedió el título de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, a Carmen Franco- Polo -por aquel entonces ya Marquesa de Villaverde- «para sí, sus hijos y descendientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión».

Un título que, fallecida la hija de Franco, pasaba a manos de su nieta Carmen Martínez-Bordiú. Una Orden del Ministerio de Justicia, de 31 de mayo del pasado año, mandó expedir, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de la misma.

Ese mismo día, el Ejecutivo socialista anunció que estudiaría la normativa vigente sobre títulos nobiliarios para ver las posibilidades de suprimir el ducado, un título nobiliario, con Grandeza de España, que fue creado en 1975 por el rey Juan Carlos I y otorgado a la hija del dictador, Carmen Franco como «muestra de aprecio» y «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren». Un mecanismo de presión a la familia en plena pugna por la exhumación del dictador.

La intención del Ministerio de Justicia- liderado por Dolores Delgado- era modificar la normativa vigente a través de la Ley de Memoria Histórica como vía para suprimir el Ducado de Franco.

Un año después, «y firmada ya dicha Real Carta de sucesión por S.M. El Rey Felipe VI, Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador, es ya oficialmente y desde hace unos días Duquesa de Franco y Grande de España», recuerdan fuentes próximas a la familia. Una nueva batalla ganada en base al Estado de derecho y la aplicación de la ley «a su favor», añaden.

 

 

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