La Fiscalía omite que Vox ha propiciado la investigación contra el fiscal del caso Dina-Iglesias

La Fiscalía ha omitido en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación que Vox es el partido político que presentó la denuncia contra el fiscal Ignacio Stampa por su connivencia con la abogada de Podemos, Marta Flor Nuñez, para destruir a OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, en el caso Dina-Iglesias.

El Ministerio Público ha comunicado este viernes que la Fiscalía Superior de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal contra el fiscal anticorrupción Stampa, en relación con un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el contenido de un chat privado del equipo de abogados de Podemos, que evidenciaba una confabulación y un intercambio de información secreta de espaldas al juez Manuel García-Castellón.

La vicesecretaria judicial del partido de Santiago Abascal, Marta Castro, ha denunciado en su cuenta de Twitter que la Fiscalía haya ocultado en su comunicado a Vox y se ha limitado a reseñar que la denuncia fue presentada por «un partido político».

La nota de Fiscalia dice que la denuncia es de " un partido politico". El partido es VOX. pic.twitter.com/bDYAGSnX4Y

— Marta Castro (@_Marta_Castro) July 10, 2020

Del mismo modo, también se ha obviado el nombre del fiscal Ignacio Stampa, a quien la nota de prensa se ha referido como «un fiscal anticorrupción» sin identificarle.

Esta investigación penal con diligencias previas 32/2020 suponen la paralización de la investigación de carácter disciplinario que había iniciado la Inspección Fiscal (como anunció la instancia de la Fiscalía General) tras conocerse el contenido del citado chat por informaciones periodísticas, indica la nota del Ministerio Público.

Se confabularon contra Inda 

Los chats del equipo jurídico de Podemos demuestran que el partido de Pablo Iglesias y los fiscales anticorrupción se confabularon para beneficiar a la formación morada a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer a Iglesias.

El contenido de los mensajes internos de la responsable del equipo jurídico de Podemos, Marta Flor Núñez, desvelados por El Confidencial demuestran que los abogados podemitas se coordinaron con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Iglesias demandó a OKDIARIO por publicar el pago de la dictadura venezolana de 272.325 dólares en una cuenta a nombre del líder de Podemos en el paraíso fiscal. En abril de 2017 llegó el primero de los varapalos judiciales para el dirigente podemita, que perdió la demanda contra OKDIARIO y contra su director, Eduardo Inda. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid dio la razón a Inda al asegurar que la información publicada en OKDIARIO era «veraz, contrastada y de interés general».

Los posteriores recursos presentados por el fundador de Podemos fueron, de nuevo, tumbados por las distintas instancias judiciales. El último intento de Pablo Iglesias de desacreditar la información sobre su cuenta offshore fue presentar un recurso de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. Esto sucedió a mediados de 2018.

La única vía que tenían Podemos y Pablo Iglesias para conseguir una victoria judicial que se le había negado hasta el momento era vincular a Inda y OKDIARIO con el ex comisario José Manuel Villarejo y el llamado caso Tándem, en el que Podemos estaba personado como acusación popular. Si se demostraba la vinculación entre Inda y Villarejo, el escrito de prejudicialidad podía frenar un pronunciamiento desfavorable, y definitivo, del Supremo en el caso Granadinas.

Esta coordinación con los fiscales permitieron además que Iglesias fuera admitido como perjudicado en la causa y aprovechara esa circunstancia para emprender «una cruzada contra las cloacas del Estado en plena campaña de las generales de abril de 2019», publicó El Confidencial. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la retención de la tarjeta de Dina por Iglesias, ha retirado ya al vicepresidente la condición de perjudicado porque sopesa que pudo cometer dos delitos al entregar a su ex asesora, Dina Bousselham, la tarjeta SD del móvil supuestamente robado completamente destrozada.

Las pesquisas de la investigación del caso Dina-Iglesias se centran ahora en averiguar en qué estado de deterioro llegó a Bousselham la tarjeta de memoria.