La Fiscalía se «inquieta» tras la salida de Marchena del tribunal que juzgará el 1-O en el Supremo

La Fiscalía se encuentra «inquieta» tras confirmarse la salida del magistrado Manuel Marchena del tribunal encargado de juzgar el proceso independentista catalán del 1-O en el Supremo.

Marchena era el presidente de dicho tribunal y el ponente de la sentencia, sin embargo, ha sido elegido como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tras el acuerdo alcanzado para el reparto de los vocales del CGPJ entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular. Su nombramiento no será oficial hasta su publicación en el BOE.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ministerio Público está preocupado por el devenir del juicio del 1-O y por los constantes «cambios» e imprevistos que están surgiendo en los últimos meses en una causa tan compleja y relevante para el país. Entre dichos imprevistos, el retraso en la celebración del juicio hasta mediados de enero y ahora, la salida de Manuel Marchena.

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, será el nuevo presidente del tribunal y previsiblemente el ponente de la sentencia. Pertenece a la “centrista” Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque por su trayectoria algunos sectores le consideran de tendencia «progresista».

Posee mucha experiencia y ha participado en sumarios muy complicados como el de la masacre del 11-M. Su nuevo papel como presidente del tribunal y ponente será relevante, aunque no definitivo, ya que un total de 7 magistrados juzgarán a los políticos independentistas.

En el denominado «lado progresista del tribunal», se encontrarían las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo, de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, así como el magistrado Luciano Varela, fundador de dicha asociación.

Los magistrados Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, pertenecientes a la «conservadora» Asociación Profesional de la Magistratura APM, y Andrés Palomo cierran el tribunal que deberá decidir si los integrantes del Govern de Carles Puigdemont, cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, cometieron un delito de rebelión.

Las mismas fuentes consultadas sostienen que tras la salida de Marchena, no se pude afirmar que exista «mayor o menor» probabilidad de que los golpistas sean condenados o no por rebelión, ya que también se valorará la posibilidad de que los hechos juzgados se traten de delitos de conspiración para la rebelión o sedición.

No obstante, el Ministerio Fiscal está «inquieto» ante la inestabilidad que está afectando a la causa y que podría reflejarse durante el juicio, en parte por las presiones políticas públicas vertidas sobre la propia Fiscalía y los magistrados del Supremo desde el Gobierno de Sánchez. Unas presiones que no han mancillado la independencia de los jueces y fiscales de la causa.

A pocos meses para que comience el juicio oral, una de las claves para el futuro de la sentencia del 1-O será cómo el tribunal recibe las pruebas presentadas por las acusaciones. Sin embargo, sí hay un convencimiento en la Fiscalía tras la salida de Marchena del tribunal y es que «el PSOE ha salido más beneficiado que el PP» durante el reparto del CGPJ.

La Fiscalía frente a la Abogacía

En la Fiscalía no preocupa que el tribunal que juzga a los golpistas catalanes se acerque a los postulados que la Abogacía del Estado reflejó en su escrito de acusación por su «ínfima calidad jurídica», algo que incluso puede reforzar la postura del Ministerio Público durante el juicio.

En su escrito presentado el pasado 2 de noviembre, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 25 años de prisión y de inhabilitación para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por rebelión agravada. Por su parte, la Abogacía del Estado pedía menos de la mitad, 12 años de cárcel, por sedición y malversación en concurso medial.

Para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la Fiscalía pedía 17 años de prisión y de inhabilitación por rebelión. Mientras para los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, y Dolors Bassa, reclamaban 16 años de prisión y de inhabilitación por rebelión.

Por su parte, la Abogacía del Estado en su escrito pedía para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, 11 años y medio de cárcel. Por último para la expresidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, 10 años de prisión y de inhabilitación, mientras para ‘los Jordis’ 8 años de cárcel y de inhabilitación.