La Fiscalía avala el acuerdo del novio de Ayuso y sus socios con Hacienda que pondrá fin al caso

La investigación judicial al novio de Ayuso, Alberto González Amador, por la presunta comisión de delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos mercantiles se cerrará en las próximas semanas. Tal y como ha podido saber este periódico, existe un acuerdo de conformidad que cuenta con el aval de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que los investigados reconocen los hechos y que pondrá fin al caso. Este documento, ya redactado, iba a firmarse en el mes de junio, pero las acusaciones populares ejercidas por los partidos PSOE y Más Madrid pidieron ampliar los delitos investigados contra la pareja de Ayuso. La instructora del caso ha tumbado las pretensiones de ambas formaciones políticas de intentar dilatar la causa.

Comienza el año judicial en los juzgados de Plaza de Castilla y el de Instrucción número 19 de Madrid mantiene aún abierta la causa sobre el novio de Ayuso. Las defensas de los investigados trataron de firmar el acuerdo que daría fin a la causa durante el mes de julio, pero no fue posible debido a los permisos vacacionales de la juez y el fiscal asignado al caso. Ahora, la juez Inmaculada Iglesias ha vuelto de vacaciones y señalará una nueva vista para firmar el proyecto de conformidad que la pareja de Ayuso y sus dos socios ya tenían redactado con la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña.

Según este documento en posesión de OKDIARIO, Alberto González Amador aceptaría la pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial cada uno de ellos con un delito de falsedad en documento mercantil. Se le impone, además, una multa del 40% de la cuota defraudada y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses. Por su parte, Eduardo Niederer acepta la pena de tres meses y 15 días de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y una multa del 35% de la cuota defraudada. Y el tercer investigado, David Herrera Lobato, asumirá la pena de prisión de 2 meses y 15 días y una multa de 29.392,71 euros.

Dilatar el caso

Fuentes jurídicas aseguran que la juez estaba conforme con el acuerdo. Prueba de ello es que se citó a las defensas de los investigados de forma presencial en el juzgado para que firmaran el documento. La defensa del novio de Ayuso acudió a Plaza de Castilla, así como el equipo jurídico de los otros dos investigados, que viajaron a primera hora de la mañana desde Sevilla para asistir a la vista que parecía que iba a dar carpetazo a la investigación judicial.

Sin embargo, en esa mañana del 25 de junio en la que se iba a proceder a la firma, los abogados del PSOE y Más Madrid maniobraron tan sólo unas horas antes para intentar dilatar la causa. Lo hicieron pidiendo ampliar los delitos investigados en virtud de un informe de inspección de la Agencia Tributaria incluido en el procedimiento. Además, reclamaban la práctica de varias diligencias como que se investigara la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; que se analizaran sus cuentas de 2019 a 2022; y que aportara la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024. La juez tuvo que suspender la vista. 

Poco de dos meses más tarde, la juez se ha negado a acoger la maniobra de las acusaciones. En auto fechado a 31 de julio al que ha tenido acceso este periódico, considera que las diligencias solicitadas «pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración». También considera que «otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento».

La instructora también incide en que las diligencias interesadas supondrían una «excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Deja claro que la investigación judicial tendrá que darse con celeridad. El acuerdo con la Fiscalía Provincial de Madrid ya está redactado y sólo hace falta firmarlo en una nueva vista.