La Fiscalía aseguró que Plaza pagó 104 millones de más a Acciona

Acciona
Sede de Acciona. (Foto: Web de Acciona)

El informe pericial entregado por Plaza en sede judicial cifró el desfase de las obras de urbanización realizadas por la UTE de Acciona y la empresa local MLN en 104 millones. Los peritos mostraron que la empresa pública pagó 240 millones por unos trabajos que apenas deberían de haber costado 136 millones de euros.

Un documento entregado al juez muestra el siguiente desglose: 22 millones en obra no ejecutada, 16 millones por unas revisiones que tachan de sospechosas y que son las principales partidas que se investigan en sede judicial, además de otros 30 millones por errores al medir y valorar los movimientos de tierra. Lo que supone una sobresaturación del 70% como apuntan los peritos en el juicio. Todo un desfalco que llevó el caso a una presunta malversación de 150,5 millones de euros y abrir apertura de juicio oral a 25 imputados.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha tenido que escuchar en todos estos años de juicio los testimonios de numerosos testigos que aseguran una supuesta malversación de fondos públicos en reformas de pisos de particulares que fueron cargadas a la UTE de Acciona y la empresa MLN que ejecutaba las obras; sociedades que pasaban facturas de decenas de miles de euros por trabajos inexistentes; certificaciones de obras no ejecutadas cuyos responsables explicaban que eran compensaciones por otros trabajos no registrados; una guardería que facturaba costosos estudios de asesoramiento sobre logística; correos electrónicos que demuestran que la contrata de Acciona fue a dedo inventando una tercera vuelta que no estaba registrada en el pliego de condiciones e, incluso, un gerente que guardaba más de 400.000 euros en efectivo bajo un colchón y que patroneaba un yate. Todo esto y más se ha estado juzgando desde 2013 cuando Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia inicial poniéndoles sobre la pista.

Una obra de 167 millones que costó 400

El caso Plaza, también conocido como ‘caso saqueo’, es el mayor desfalco documentado que se ha dado hasta el momento en Aragón. Su investigación permanece en los juzgados con 25 imputados y una presunta malversación de 150,5 millones de euros. Los magistrados deben juzgar si la construcción de lo que pretendía ser la mayor plataforma logística de Europa con más de 90 hectáreas fue un error o la mayor tapadera con mordidas conocida hasta el momento en la comunidad.

Anticorrupción señaló en su momento mediante un informe firmado por José Grinda y Juan José Rosa que “la UTE Plaza certificó un conjunto de obras superior a lo realmente ejecutado, que hicieron el desvío total en perjuicio de la empresa pública ascendiera a más de 147 millones”, según el informe pericial. Es decir que una obra presupuestada en 167,8 millones acabó costando por, alrededor de 397,4 millones. El propio informe de la Fiscalía siguió diciendo que parte de ese dinero fue utilizado para “pagos en especie a los directivos”, que como ya ha publicado OKDIARIO en exclusiva se trataba de dinero en efectivo, también en tarjetas, cestas de Navidad y joyas para las mujeres de los altos cargos.

El sumario también incluye dentro de estos pagos al ingeniero que supervisó el proyecto, Nicolas Groeneveld, quien remodeló toda su casa a costa de la plataforma logística por un valor de 80.000 euros, que los gremios facturaban a la UTE por otros conceptos y que cargaban a Plaza. Asimismo, la UDEF identificó diversas facturas simuladas por valor superior a los 6 millones de euros. Según el sumario, Groeneveld adjudicó la vigilancia de la obra a su empresa de ingeniería con el fin de “obtener beneficios a partir de simular tanto las prestaciones de supuestos subcontratistas como obras, en general, hechas en las certificaciones”.

Ahora la DGA gestiona Plaza en solitario

A lo largo de un escrito de los casi 200 folios que presentó la Fiscalía se muestra un entramado de “tinglados" presuntamente delictivos en torno a Plaza, una empresa pública cuyo socio mayoritario es el Gobierno de Aragón y en la que participaron el ayuntamiento de la capital y las antiguas cajas de ahorro.

Desde hace un par de semanas tanto el consistorio como Ibercaja Banco dejaron solo al Gobierno de Aragón al frente del accionariado de la sociedad que gestiona la Plataforma Logística de Plaza. En su último consejo de administración la DGA puso sobre la mesa la necesidad de hacer una ampliación de capital por valor de 70 millones de euros a la que ya sabía de antemano que ninguno de los dos entes iba a acceder. Ahora el Ayuntamiento les reclamará el 5% del aprovechamiento que se pactó en el 2006.

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