Los fiscales críticos se blindan ante Delgado: la ley les permite oponerse a órdenes «improcedentes»

La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado desató las críticas de sus compañeros de profesión. Las principales asociaciones de jueces y fiscales manifestaron su estupor con la decisión de Pedro Sánchez y calificaron la misma como un intento de «someter» la institución a los intereses del recién conformado Gobierno socialcomunista. Pese a que los fiscales no tienen ningún tipo de competencia en el trámite de elección de su máximo responsable al frente del Ministerio Público, la ley les permite cuestionar sus directrices ante peticiones «improcedentes». Esto es, podrán someter las órdenes de Delgado a la Junta de Fiscales de Sala, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los artículos 25 y 27 de la norma que regula el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado prevén excepciones a la regla general que reserva al Fiscal General del Estado la posibilidad de «impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y ejercicio» de sus funciones, tanto en lo general como en los asuntos específicos.

Sin embargo, en los casos en que las indicaciones y mandatos «se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno», el fiscal general «deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala».

Lo mismo sucede si un fiscal recibe una orden o instrucción que considere «contraria a las leyes» o que, por otro motivo, «estime improcedente». La ley le permite plantear «la cuestión a la Junta de Fiscalía», en el caso de los Fiscales Jefe, o a la Junta de Fiscales de Sala si quien dio la orden fue, directamente, el Fiscal General del Estado.

Esto es, los fiscales todavía cuentan con un mecanismo clave para oponerse a interferencias indebidas en el ejercicio de sus actuaciones: el papel moderador y la opinión prioritaria, aunque no vinculante, de la Junta de Fiscales de Sala cuando el desacuerdo con el criterio del Fiscal General del Estado sea absoluto.

Junta de Fiscales 

La Junta de Fiscales es un órgano colegiado compuesto por 30 miembros de carrera del Ministerio Público, con la capacidad de pronunciarse sobre si las peticiones de su fiscal general son ilegales. El actual integra, entre otros, a los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza (quien fuera jefe de la propia Delgado en la Audiencia Nacional), Fidel Cadena (que finaliza etapa en marco) y Jaime Moreno.

Sin embargo, hay pendientes varias vacantes que Delgado tendrá que cubrir cuando sus titulares formalicen su jubilación. Delgado nombrará entonces discrecionalmente -la votación del Consejo Fiscal es un mero trámite- a los sustitutos de Antolín Herrero, Anselmo Sánchez Tembleque y Mariano Fernández Bermejo.

Pero no serán los únicos. En las próximas semanas la fiscal general tendrá que aportar refuerzos para la Fiscalía Anticorrupción, un total de 12 puestos entre los que se encuentra el más próximo al actual fiscal jefe, Ángel Luzón. O el reemplazo del teniente fiscal, Luis Manuel Navajas.

Previsiblemente Dolores Delgado propondrá como nuevas incorporaciones a fiscales afines, con el objetivo de aplacar las voces más críticas dentro de la Fiscalía y evitar futuras y eventuales rebeliones internas.

«Someter» la institución

El Gobierno quiere tener «sometida» a la Fiscalía. El polémico nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado hacía estallar a las asociaciones profesionales. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales aseguró que la decisión de Sánchez es «una manera muy clara de indicar» que desde el actual Gobierno se quiere tener «sometida» a la institución.

«Que un ministro de Justicia que formaba parte de un Gobierno de un partido determinado pase a ostentar el cargo máximo de la carrera fiscal no me parece adecuado», sostiene Dexeus.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, califica como «insólito y lesivo» el nombramiento de Delgado como nueva titular del Ministerio Público «no por sus méritos profesionales sino por su procedencia». Ya que pasar «sin solución de continuidad» de la cartera de Justicia a la Fiscalía General del Estado, señala, «destruye toda apariencia de imparcialidad» de la Justicia y supone un «mal comienzo» del actual Gobierno en la materia.

Delgado sustituirá así a la actual titular del cargo, María José Segarra, quien se ha caracterizado por mantener una línea jurídica propia e independiente en causas como el juicio del ‘procés’ donde la Fiscalía se ha alejado de las indicaciones del Gobierno plasmadas en las tesis de la Abogacía del Estado.