La figura de «investigado» sustituyó a la de «imputado» en 2016 para eludir las exigencias de dimisión

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se reformó en 2016 para introducir una llamativa novedad. Los políticos consideraban que llamar «imputado» a las personas con procedimientos penales abiertos era peyorativo. Por eso se sustituyó en la ley esa figura por la de «investigado». Durante muchos años, varios partidos pedían la dimisión inmediata de los representantes políticos con la llegada de su imputación judicial y estas formaciones lo incluyeron en sus códigos éticos.

Cuando estallaba una imputación contra un político, la oposición se lanzaba a pedir dimisiones. Argumentaban que lo razonable es que un diputado, concejal, ministro o cualquier otro cargo público imputado debía apartarse de sus responsabilidades públicas para centrar sus esfuerzos en su defensa penal.

Sin embargo, para evitar que la palabra imputación se entendiera como acusación, procesamiento o condena, se pasó a usar el eufemismo de «investigado». Ahora, en el caso Begoña Gómez se confirma que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene el estatus de investigada por decisión de un juez. Por tanto, si este caso se hubiera producido hace un lustro, hablaríamos de la constatación de una imputación judicial en el núcleo duro del Palacio de la Moncloa.

Lo que parecía un mero cambio nominal escondía una estrategia de la clase política. Pretendían ocultar el estigma que era, y sigue siendo, la existencia de numerosos «imputados» por corrupción en sus propias filas. En España se instruyen más de 1.000 casos al año por corrupción.

Tal como indicó OKDIARIO en un editorial en 2016, la reforma legal contenía una trampa terminológica. Los jueces reservan la figura del imputado la categoría de imputado a aquellas personas sobre las que aprecian fundados indicios de que han cometido un delito, a la luz de la investigación desarrollada por la Fiscalía y las pruebas aportadas por las fuerzas de seguridad.

El sumario del caso Begoña Gómez es muy claro. El juez expresa varias veces que le da el estatus de investigada a la vista de las pruebas. La Policía Nacional también lo señala al responder al oficio judicial que recibe. Por último, el abogado de la mujer de Sánchez también reconoce expresamente que se le ha trasladado que su clienta tiene la condición de investigada.

Todo imputado mantiene intacta su presunción de inocencia, mientras no se dicte una sentencia firme que dé por probada la comisión de un delito. Como subrayó OKDIARIO hace años, la propia imputación tiene por finalidad otorgar a quienes se encuentran en esta situación todas las garantías procesales que exige el Estado de Derecho: les permite contar con una defensa letrada que vele por sus derechos durante todo el proceso.

Por tanto, los políticos trataron de eliminar la palabra «imputado» de los titulares de los periódicos. En unos años donde las formaciones políticas trataban de elevar el listón de las exigencias éticas en sus propias filas, el Congreso de los Diputados sacó adelante una reforma para restar gravedad a las pesquisas judiciales. En su día se criticó que lejos de impulsar las reformas necesarias para dotar de más medios a la Justicia, a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad, no se tomaron medidas para que las causas judiciales no se eternicen y los responsables de casos de corrupción paguen por sus delitos.

En el marco de otro caso judicial muy reciente, el caso Koldo, el ex ministro de Transportes subrayó la importancia entre estar o no imputado –ahora investigado–. En una comparecencia pública argumentó que no debía dimitir como diputado nacional porque «las normas del PSOE dicen que se pide el acta cuando estando imputado entras en la fase final de acusación y en mi caso no estoy investigado. Los proyectos políticos se construyen sobre el respeto a las personas, de lo contrario nos lleva a proyectos muy autoritarios».