Marlaska abandona a los guardias civiles: tendrán que responder de sus errores laborales con su patrimonio

Los errores en la práctica de cualquier labor profesional conllevan consecuencias. Y según sea el trabajo en cuestión, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil acaba de presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo sobre un asunto que debería llevar años resuelto: la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir a los guardias civiles que cometan fallos, errores o negligencias en acto de servicio. Sin ese seguro los agentes y sus familias responden de manera personal y con sus bienes de cuantas indemnizaciones se deriven como consecuencia de alguno de esos errores.

En enero del año 2015, el entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, anunció a las asociaciones profesionales del  Instituto Amado que se procedía urgentemente a introducir la cobertura de un seguro de responsabilidad civil que cubriría a los agentes de la Benemérita dentro de la Ley de Derechos y Deberes del Cuerpo. Así se pretendía poner fin a un agravio comparativo con el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes sí contaban con esa cobertura.

Hasta ese momento sólo se contemplaba en la Ley de Personal que fuera la Policía Nacional la que pudiera tener acceso a ese tipo de seguro. Hasta entonces, cualquier error profesional cometido por un agente podía acabar en los tribunales y generar como consecuencia la obligación del pago de una indemnización. Por extraño que parezca hasta ese momento los agentes que protagonizaran alguno de esos hechos tenían que responder con su propio dinero, con su patrimonio, sus bienes y el de sus familias.

La norma propuesta era intachable: «La Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los guardias civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan».

Ni Marlaska ni Calvo contestan

Pues en junio de 2021 ese seguro sigue sin estar suscrito y los agentes expuestos a tener que afrontar ellos las consecuencias de los errores cometidos durante actos de servicio. Por eso la Unión de Oficiales, asociación profesional de la Guardia Civil, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para que los jueces intervengan de una vez y resuelvan este asunto. Lo más curioso es que hace más de un año esta misma asociación ya recurrió a otro juez que ni más ni menos es su ministro. En mayo de 2020 le pidieron explicaciones acerca de esta inexplicable inacción a Fernando Grande-Marlaska. A día de hoy el ministro del Interior no se ha dignado a dar respuesta a la reclamación.

Pero Marlaska no ha sido el único que ha ignorado esta demanda. La consulta ha llegado también a la mesa de la vicepresidenta Carmen Calvo como titular del Ministerio de Presidencia. Concretamente el 19 de febrero de 2021 se dirigió a su nombre un requerimiento expreso. Pues ni caso.

Sin embargo, si el silencio de Marlaska fue síntoma de desinterés y provocó el enfado de los agentes, el de Carmen Calvo ha traído consecuencias mucho más graves para el Ejecutivo. El desdén de Calvo ha habilitado a la citada asociación para interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo «contra la inactividad del Gobierno por omisión del desarrollo reglamentario que permita la contratación del seguro de responsabilidad civil».

Para comprender la necesidad del seguro más allá de hipótesis vayamos a un caso concreto ocurrido en febrero de este mismo año en el centro de Salud de un pueblo de Sevilla. Un ciudadano perdió los papeles y tuvo que ser reducido por agentes de la Guardia Civil. El hombre acabó condenado por delitos de atentado y lesiones con el atenuante de embriaguez. El mes y medio de cárcel fue sustituido por unos 800 euros de multa.

Sin embargo, el ciudadano también denunció a uno de los agentes, que tiró de porra extensible para reducirlo. El juzgado condenó al guardia civil a pagar una multa de 450 euros y a indemnizar al detenido con 8.000 euros más, eso sí, con el atenuante de haber actuado «en cumplimiento del deber». El guardia usó la porra después de que el detenido golpeara a su compañero con un puñetazo.

Este es sólo un ejemplo de a qué se pueden enfrentar los guardias civiles en acto de servicio si una persona decide llevarles a los tribunales. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo si se considera agraviado por el comportamiento o el trabajo de un agente. No se trata de lograr inmunidad para policías y guardias civiles, simplemente consiste en tratar de darles cobertura y no exponer a sus familias a que los desplumen por errores cometidos en acto de servicio.