Europa abronca a Sánchez por no avanzar en la resolución de los 379 crímenes de ETA

Tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sánchez por no avanzar en la resolución de los crímenes sin resolver de ETA. La comisaria europea de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, asegura, en una respuesta por escrito al Parlamento Europeo, que «no tiene conocimiento de medidas» que haya tomado el Ejecutivo español en relación con la investigación de los asesinatos irresolutos de la banda terrorista, ni tampoco conoce las acciones «para acabar con la celebración de homenajes» a etarras excarcelados.

Así contesta la Comisión Europea en una respuesta por escrito a la pregunta realizada por la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat. La popular interrogó a la institución comunitaria sobre las «medidas para acabar con los homenajes públicos a terroristas». La también vicepresidenta del grupo en el Parlamento Europeo recordó a la institución presidida por la alemana Úrsula Von der Leyen que entre sus obligaciones está «defender la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familiares».

La pregunta planteada por el PP recordaba que en 2024, las asociaciones de víctimas del terrorismo denunciaron «71 actos de apoyo a etarras durante las fiestas patronales, 25 de ellos desde instituciones públicas de Navarra y País Vasco gobernadas por Bildu, PSOE o PNV». «Son actos de apología del terrorismo que ningún Gobierno democrático debería tolerar», lamentó Montserrat.

En ese sentido, la europarlamentaria popular preguntó sobre las medidas que «se están adoptando para acabar con la celebración de homenajes». Y lo vinculó con un informe de 2022 del Parlamento Europeo en el que se investigó a España por los 379 asesinatos de ETA sin resolver. Ese mismo escrito pedía frenar los homenajes a terroristas excarcelados.

El aviso del Parlamento Europeo

En ese informe, el Parlamento Europeo pedía al Gobierno «tipificar como delito la apología de un determinado acto de terrorismo» por la «forma de humillar a las víctimas y provocar la victimización secundaria». Además, consideraban que puede «atentar contra su dignidad y su recuperación».

Más en concreto, la institución europea instaba a España a «impulsar, desde todas las instituciones competentes» que «se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas».

Por otro lado, también insistía en la importancia de la «continuación de un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo para los casos no resueltos». Para ello, pedía el apoyo de la Fiscalía «con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Para afrontar el problema de los asesinatos que aún no se han juzgado, el Parlamento requería «crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto». Y, para evitar el dolor de las personas que han sufrido esos crímenes, solicitaba a la Audiencia Nacional que comunique «la situación procesal a todas las víctimas del terrorismo o a los familiares con casos no resueltos». Todo ello, explicaba el informe europeo, con el objetivo de «acercarse más a la verdad judicial» y «aclarar por qué hay tanta impunidad en relación con los delitos de ETA».

Teniendo esto en cuenta, la comisaria Johansson asegura, a través de una respuesta parlamentaria fechada el pasado martes, que «la Comisión no tiene conocimiento de medidas de seguimiento a las recomendaciones del informe del Parlamento Europeo para las instituciones locales, autonómicas y nacionales». Y, por tanto, evidencia la falta de medidas del Gobierno en relación con las recomendaciones que realizó Europa hace dos años.

Este tirón de orejas de Europa se produce apenas unas semanas después de que el Gobierno colara, con una enmienda que pasó desapercibida, una reforma de la Ley Orgánica 7/2014, la reforma Txapote. Esta modificación se traduce en una reducción de las penas a los miembros de ETA que hayan cumplido con parte de su condena en otro país de la Unión Europea.

En la misma semana, el PSOE votó con Bildu para que los etarras que hayan sido condenados por delitos de sangre puedan ir en las listas electorales. Las formaciones que sostienen al Gobierno rechazaron tramitar en el Congreso una proposición del PP para reformar la Ley Electoral con el fin de impedir que se presenten a las elecciones condenados por terrorismo que no condenen la violencia, se arrepientan de sus actos y pidan perdón.