ERC exige ahora las competencias para gestionar «comunicaciones e infraestructuras» en caso de otro apagón

ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido al Ejecutivo socialista la cesión de competencias para gestionar «comunicaciones e infraestructuras» en caso de que se produzca un nuevo apagón. Los independentistas catalanes se han quejado de que el nuevo decreto, creado tras exigirlo la Unión Europea, para protegerse ante incidentes como el que dejó sin electricidad a toda la España peninsular en abril de 2025, tiene «elementos recentralizadores».

Francesc-Marc Álvaro, diputado de ERC en el Congreso, ha presentado una iniciativa en la Cámara Baja para conocer las «previsiones acerca de respetar las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de protección civil y gestión de emergencias en la legislación sobre las redes y servicios de telecomunicaciones». Es decir, la materia que regula la norma para mantener el funcionamiento de las comunicaciones en caso de emergencias como los apagones.

El representante del partido que encabeza Gabriel Rufián en Madrid ha subrayado que en su autonomía, la Dirección General de Protección Civil de la comunidad «ejerce funciones logísticas y de coordinación de servicios básicos, en base a los planes de emergencia aprobados por la Generalitat de Cataluña».

«Estas competencias se coordinan mediante el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), que gestiona las alertas públicas y la activación y gestión de planes de emergencias», ha puntualizado.

«El CECAT también tiene entre sus funciones la coordinación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) del Estado español», indica en su iniciativa.

Pasar por alto al secesionismo

La queja del diputado de ERC se centra en que el nuevo protocolo de avisos «pasa por alto» a ese organismo catalán a la hora de enviar información a la ciudadanía: «El Real Decreto no contempla la notificación al CECAT de incidentes de seguridad que tengan un impacto significativo en el suministro de las redes y servicios».

«El Real Decreto regula aspectos técnicos de protección civil que ya están  incluidos en los planes de emergencia de Cataluña, y no incluye mecanismos de cooperación e intercambio de información entre el Estado y las comunidades autónomas», indica la iniciativa de Álvaro.

Por todo ello, desde la formación secesionista se interesa por conocer si «respetará el Gobierno español las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de protección civil y gestión de emergencias en la legislación sobre las redes y servicios de telecomunicaciones».

Y pretende que el Gobierno incluya los mecanismos de coordinación con el CECAT en el Real Decreto. También quieren que la gestión operativa de incidentes de seguridad previstos en esa norma la tengan las comunidades autónomas en sus ámbitos territoriales, en el ejercicio de sus competencias.

A su vez, interroga al Ejecutivo si va a establecer «anexos territoriales autonómicos a dicho Real Decreto, que garanticen la descentralización en la respuesta a incidentes de la red y servicios de telecomunicaciones y que mejoren su resiliencia».

Y, por último, pregunta al Gobierno «si se respetará la confidencialidad y la protección de datos de la ciudadanía a la hora de recibir información sobre incidentes significativos que la puedan afectar».

Exigencia de la Unión Europea

La Unión Europea aprobó la Directiva 2022/2557, relativa a la resiliencia de las entidades críticas, es decir, la que asegura que los «servicios esenciales», ya sean económicos o sociales, se sigan prestando pese a que se produzcan graves incidentes.

Sin embargo, al tratarse de una directiva, España tenía que aprobar una ley basándose en el texto aprobado en Bruselas. Algo que no ha hecho este Gobierno, pese a estar obligado desde hace tres años.

Los Estados miembros que no cumplan con este tipo de exigencias se arriesgan a sanciones. Y eso fue lo que ocurrió con España. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen incoó un procedimiento de infracción contra varios países, incluido España, por no haber comunicado las medidas nacionales de transposición. Es decir, que el Gobierno de Sánchez no cumplió con su deber de aplicar en España las medidas para proteger los servicios esenciales que regula la legislación europea.

Finalmente, tras las amenazas de sanción, el Gobierno puso en marcha su maquinaria legislativa. La administración central presentó el borrador del Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales.

Sin embargo, los socios de Sánchez se quejan de que el texto ha incluido «elementos recentralizadores en el ámbito de la protección civil». Según los republicanos, se obvió que «el marco normativo vigente permite el desarrollo de competencias autonómicas».