Chapuza del PSOE: copia mal el Código Penal y vincula los excesos de velocidad con el delito de coacciones

El Congreso de los Diputados ha debatido hoy una proposición de ley del PSOE con un grave error. La propuesta de los socialistas vincula el delito de coacciones con el artículo del Código Penal que tipifica las penas por sobrepasar la velocidad permitida en las carreteras. En la exposición de motivos se relacionan dos artículos que nada tienen que ver. «El artículo 172 del Código Penal se remite a las circunstancias del artículo 379 del mismo texto legal», se puede leer en el texto que han presentado en la Cámara Baja.

El Grupo Parlamentario Socialista buscaba con esta moción aumentar las penas por exceso de velocidad y «determinar si debe o no considerarse como una imprudencia grave el hecho de haber causado la muerte de otra persona utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor». Su propuesta nace, según han argumentado, con el objetivo de «proteger a peatones, ciclistas y menores».

Por eso, creen que es necesario modificar el artículo 379, consideran que «resulta obsoleto» y «va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales y europeos de seguridad vial».

El diputado del PP, Fernando de Rosa Torner, magistrado de profesión, ha criticado que los socialistas «no han tenido en cuenta ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo o los informes de los fiscales de Seguridad Vial» para elaborar esta proposición y ha puesto en evidencia al grupo parlamentario de Pedro Sánchez: «Señorías del Grupo Socialista, si ustedes hubieran atendido a los expertos, se hubieran dado cuenta de los errores que tiene esta proposición».

En caso de aprobación definitiva

A pesar de que en España las exposiciones de motivos no tienen ningún valor normativo, «sí tienen una función técnica importante», argumentan fuentes jurídicas, por lo que, en caso de aprobarse el texto de manera definitiva con este error, podría provocar «consecuencias indeseadas».

Entre ellas, «el desprestigio del marco jurídico español» o la utilización de estos errores en los recursos de casación. «Se podría argumentar que el legislador no conocía lo que estaba legislando» y, por tanto, que «la ley no es ni previsible ni clara».

Además, se podría enfrentar a recursos de inconstitucionalidad, ya que «se podría alegar la vulneración de la seguridad jurídica» argumentado en el artículo 9.3 de la Carta Magna.

En línea con lo criticado por el diputado popular, estas mismas fuentes reclaman la necesidad de pasar por los órganos consultivos tipificados y evitar el uso de la figura de la proposición de ley y «usar más» la del proyecto de ley.  Aun así, confían en que los letrados o que los propios grupos, a través de una enmienda, «lo terminen corrigiendo». «Sería una locura que pasara todos los filtros», zanjan.

A pesar de los errores en el texto, Sumar, ERC, Junts, PNV y Coalición Canaria han anunciado que apoyarán la propuesta. En el ‘no’ están el PP y Vox, que no respaldarán la medida al considerar que «no atienden» a las víctimas y lo consideran «un ejercicio de hipocresía social y trilerismo».