Denuncia contra Interior por delito electoral tras impedir el voto de funcionarios de prisiones el 4M

Los funcionarios de prisiones criticaron el bloqueo que sufrieron en las cárceles madrileñas para poder ejercer su derecho al voto el pasado 4M. Ahora, denuncian al responsable de Recursos Humanos del departamento de Prisiones del Ministerio que comanda Fernando Grande-Marlaska por posible delito electoral y prevaricación.

Aquel 4M se jugaba Isabel Díaz Ayuso su renovación como presidenta madrileña. Y los roces entre el Gobierno del PSOE y Podemos y los funcionarios de prisiones no han dejado de crecer en los últimos tiempos, algo que conoce perfectamente el Ejecutivo socialcomunista.

OKDIARIO ha publicado ya la resolución de la Delegación del Gobierno que confirmó lo obvio: que los funcionarios de prisiones podían disfrutar del permiso de 4 horas para acudir a ejercer su derecho al voto. Pero la resolución, como prueba el documento que publica este diario, no fue firmada hasta el mismo día de la votación. Pero, además, “los responsables de prisiones no hicieron caso de la resolución”, como señalan desde CSIF.

También “hubo funcionarios que no acudieron a votar ante las órdenes verbales para que no disfrutaran del permiso”, como destacan funcionarios de las cárceles. Muchos peros y todos procedentes de dos organismos -Delegación del Gobierno y Prisiones- dependientes de un mismo Ejecutivo nacional.

CSIF Prisiones ha presentado ya la denuncia apuntando al “subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior D. Eugenio Arribas López” como posible autor de “delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal” y “delito electoral del artículo 146.1 b) y 2 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral” por los obstáculos al voto de los funcionarios de prisiones.

El documento de la Delegación de Gobierno que publicó OKDIARIO era el denominado Respuesta denuncia permiso electoral  y fue emitido, efectivamente, el 4M. El mismo 4M que se tenía que votar. “Y eso fue aprovechado para asegurar que Instituciones Penitenciarias no había trasladado una orden directa a las cárceles y que, por lo tanto, no se podían dar los permisos electorales de 4 horas para haber podido ir a votar”, señala un funcionario de prisiones.

La versión la confirma el sindicato CSIF, que asegura que “ha recibido quejas sobre lo ocurrido y que, efectivamente, apuntan a una negativa a la concesión del permiso para ir a votar”. Es más, desde CSIF subrayan que las quejas apuntan a órdenes verbales para no poder disfrutar de los permisos legales y a negativas a cumplir la resolución de la Delegación del Gobierno por parte de las cárceles incluso tras conocer el documento”.

Los funcionarios tienen razón

El tardío documento de la Delegación del Gobierno daba la razón a los funcionarios con el siguiente párrafo: “De acuerdo con el artículo 57, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación del Gobierno en Madrid, informa a los sindicatos solicitantes del derecho legal que asiste al personal que desarrolla sus funciones en los Centros Penitenciaros de la Comunidad de Madrid, a ejercer su derecho al voto, de acuerdo a la normativa desarrollada anteriormente, sin que por ello se desatiendan las necesidades mínimas de cada servicio, correspondiendo adoptar las medidas concretas oportunas a los responsables de Instituciones Penitenciarias”. El firmante era “el secretario general: Fernando Talavera Esteso”.

Pero llegó el mismo día de la votación. El 4M. Y eso permitió a Instituciones Penitenciarias encontrar una disculpa para bloquear el voto de funcionarios de prisiones.