Delgado retrasa el procesamiento de Puigdemont por malversación en el caso Aguas de Gerona

El Supremo se mantiene expectante. La Fiscalía de Dolores Delgado tiene pendiente, desde el pasado mes de enero, comunicar su postura al Alto Tribunal en el caso de la malversación que se imputa al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando era alcalde de Gerona. La titular del  Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona elevó, a comienzos de año, una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que Puigdemont perdió la condición de aforado del Parlament, tras aceptar, al menos momentáneamente, la que le proporciona el Parlamento Europeo, una vez elegido diputado de la Eurocámara en los comicios del pasado 26-M. La causa ascendió entonces al Supremo y, sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía no ha remitido su escrito de calificación jurídica provisional para proceder contra el político separatista catalán e impulsar su procesamiento.

Fuentes próximas al Ministerio Público señalan a OKDIARIO lo «inédito» de una situación que «debería estar ya más que resuelta» hace tiempo -pese al parón obligatorio del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales- ya que la cuestión plantea «pocas dudas desde el punto de vista jurídico» y el Supremo ha estado registrando escritos y resolviendo los asuntos más urgentes con celeridad, incluso, durante la pandemia. El trámite del pronunciamiento de la Fiscalía es obligatorio para que el Alto Tribunal pueda tomar una decisión que avance en la situación jurídica actual del líder de JxCat.

El expediente de Carles Puigdemont como alcalde de Gerona incluía un nuevo capítulo en su hoja de servicios tras ser imputado, a principios de este mismo año, por la gestión de la calidad del agua de la ciudad catalana cuando estuvo al frente del consistorio. De aquella época se presume que detrajo un millón de euros de dinero público a los que dio otro destino.

Así lo solicitó, el pasado 20 de enero, una juez de Gerona al Tribunal Supremo en la exposición razonada en la que pedía que Puigdemont sea investigado por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por aquellos hechos.

Según informaron entonces fuentes jurídicas, la magistrada accedió, con su escrito, a la petición previamente formulada por la Fiscalía Anticorrupción, responsable del peso de la investigación, que considera que Carles Puigdemont habría destinado, en 2015, hasta un millón de euros previstos para «la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas» a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento del que era regidor.

Irregularidades

El juzgado número 2 de Gerona abría la investigación sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de aguas del municipio catalán, entre los años 1998 y 2013. Carles Puigdemont fue alcalde del municipio catalán entre 2011 y 2016.

El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción estrechó el cerco sobre Puigdemont en septiembre de 2017, en el marco del denominado caso AGISSA, Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter, relacionado con la causa más amplia de las mordidas del 3%, presuntamente utilizadas por el separatismo catalán para su autofinanciación.

Según los investigadores responsables de la instrucción, se sustrajeron «numerosos recursos públicos» durante el mandato de Puigdemont utilizando un método por el que se fingió «la prestación de servicios», que en realidad nunca llegaron a realizarse. De esta forma, se habrían repartido más de 10 millones de euros en dividendos y otros conceptos falsos e inflados entre los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, así como entre las empresas Girona SA y AGISSA. Unas irregularidades que se habrían estado reproduciendo y repitiendo con total impunidad durante años.

Estas fueron las conclusiones principales a las que llegaron los miembros designados para la comisión judicial tras ordenarse varios registros policiales, a la Guardia Civil, hasta en tres ayuntamientos de Gerona. Durante las pesquisas, los agentes policiales recabaron documentación valiosa como prueba para acreditar, en sede judicial, los ilícitos en los que se habría incurrido en la empresa pública durante la época en la que Puigdemont era alcalde de Gerona. Un procesamiento que, ahora, depende de los avances de la Fiscalía y de las acusaciones, y solicitudes de penas, que ésta aporte al Tribunal Supremo.

La operación estuvo coordinada por Anticorrupción y vinculada a la causa que trataba de concretar si hubo sobrecoste en la gestión publica del agua en la capital gerundense. El supuesto fraude se remonta a la etapa del alcalde socialista Quim Nadal pero hay pocas dudas de que se habría mantenido como práctica consentida por Carles Puigdemont, regidor de esta localidad, antes de ser nombrado president de la Generalitat tras la renuncia de Artur Mas.