La defensa de un ex interventor de la Junta afea que los políticos eludan su implicación en los ERE

La defensa del ex interventor de la Junta Manuel Gómez ha asegurado que las irregularidades que este advirtió en las ayudas de los ERE era algo «conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno» y ha afeado que usen a la Intervención como «un clavo ardiendo» para «eludir sus responsabilidades».

El abogado José Rebollo representa a Gómez, que afronta seis años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, y que emitió numerosos informes en los que «advirtió a quien tenía poder decisorio del riesgo que entrañaba el sistema implantado» para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que daba la Consejería de Empleo y abonaba la empresa pública IDEA.

Precisamente, que en esos informes el interventor no hablara de ilegalidades ni emitiera un informe de actuación que instara a parar las ayudas es la base de la «estrategia de defensa a la desesperada», según Rebollo, del ex presidente José Antonio Griñán, los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) o Francisco Vallejo (Innovación).

Pero en su informe final, la defensa del ex interventor ha dejado claro que «el consejero de Empleo pudo dictar instrucciones a la Dirección General de Trabajo para que no tramitara transferencias de financiación» a IFA/IDEA para pagar las ayudas y «ordenar la rescisión de los convenios suscritos con IFA».

Mientras «el consejero de Hacienda pudo impartir instrucciones al ordenador del pago» (la Tesorería) para que no se mandaran los fondos a IDEA y «el consejero de Innovación pudo impartir instrucciones a IFA para rescindir los convenios» con Empleo y dejar de pagar las ayudas que daba el director general de Trabajo.

Y es que «año a año» los informes de la Intervención alertaban del «uso inadecuado de las transferencias de financiación, con su ineludible consecuencia de elusión de la fiscalización previa del gasto público efectivo» y ello «era conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía».

Por eso, su abogado ve «inconcebible» e «incongruente» que sea acusado de prevaricación y malversación «quien avisó de irregularidades en el sistema establecido y de los riesgos que entrañaba», especialmente en un informe adicional del 2005 (sobre el ejercicio del 2003) «crucial» para la investigación del caso ERE y «clave» para las acusaciones de este juicio.

«No puede entenderse que si lo que mi defendido pretendía era consentir la sustracción de caudales públicos emitiera esos informes», ha subrayado.

El informe ha rebatido las tesis acusatorias de la Fiscalía y el PP-A (Manos Limpias retiró la acusación contra al interventor) pero también las que han deslizado «otras defensas».

El letrado ha afeado que «resulta sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención y quienes no supieron reaccionar frente al mismo en el ejercicio de sus competencias, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no le era posible».

Ha alegado que «hubo señales por parte de distintos órganos de la Junta que dieron a entender a la Intervención no sólo que las deficiencias que transmitía en sus informes eran perfectamente conocidas sino también que iba a adoptarse las medidas necesarias para su corrección».

Ha dedicado un apartado a todas las medidas que los responsables de las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación y el Consejo de Gobierno pudieron adoptar y no adoptaron, regulando las ayudas como hizo en 2012, dejando de usar las transferencias de financiación como hizo en 2014 y paralizando la concesión y pago de las ayudas.

Por contra, el ex interventor hizo lo que podía y debía hacer en el marco de sus competencias regladas y pese a que el sistema se ideado utilizase «mecanismos» para eludir su control.

«Con la única finalidad de poner fin al sistema, emitió informes advirtiendo de irregularidades administrativas que se enviaron a sus destinatarios legales», ha señalado, si bien «sólo supo de irregularidades administrativas pero no de que estaban siendo usadas por el director general de Trabajo para cometer delito».