Los datos de Google desmienten a García Ortiz: borró los correos clave y conservó sólo los irrelevantes

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ha dejado este jueves un nuevo enfrentamiento entre las versiones de la Fiscalía y de la El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ha dejado este jueves un nuevo enfrentamiento entre las versiones de la Fiscalía y de la acusación popular. Mientras el fiscal general ha defendido que borra «sistemáticamente» los mensajes de su teléfono móvil por motivos de seguridad, el abogado de la acusación, Fernando García Capelo, ha insistido en que se ha producido un «borrado selectivo muy significativo»de correos y archivos clave.

Este letrado subraya que la comisión rogatoria emitida a Google fue satisfactoria en el sentido de que arrojó varios emails. Sin embargo, esos emails que no borró no tenían nada que ver con la causa. Sí estaban borrados los emails que le envió la fiscal provincial Pilar Rodríguez a altas horas de la noche. Luego se borró toda la cuenta de Gmail supuestamente porque no quería recibir emails ofensivos y hostiles. Hubo, por tanto, un borrado selectivo, unos mails comprometedores sí los eliminó, otros no.

Además, según García Capelo –de Foro Libertad y Alternativa–, el fiscal general solicitó un nuevo móvil en mayo, pero no lo utilizó hasta cinco meses después, coincidiendo con la apertura de la causa judicial. A su juicio, ese lapso temporal «no tiene explicación verosímil» y coincide con el momento en que García Ortiz accedió a los correos electrónicos que luego se filtraron. «Estamos ante un borrado selectivo que es muy significativo»ha reafirmado el letrado, personado como acusación popular unificada con Vox y HazteOir.

El fiscal general, por su parte, ha reiterado ante el Tribunal Supremo que practica un «borrado sistemático» de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, porque no es «propietario» de los datos, sino «custodio» de información confidencial. «No son datos míos, solo soy custodio», ha subrayado.

Durante su declaración del miércoles, García Ortiz ha explicado que elimina la información de sus dispositivos «por razones de seguridad», ya que maneja «datos muy relevantes y copiosos» relacionados con investigaciones en curso. «No dejo que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información, porque si no luego se acumulan», ha concretado.

El fiscal ha defendido que la supuesta eliminación de mensajes del 16 de octubre de 2024 —día en que fue encausado por el Supremo— no afectó a los días clave de la presunta filtración, del 8 al 14 de marzo de ese año. «En ese momento, ni el mes anterior ni el anterior existían ya los WhatsApp que se supone que son objeto de esta causa», ha sostenido.

Sin embargo, García Ortiz no ha mostrado ningún pantallazo que demuestre que tenía activado el borrado cada 24 horas de los chats en ese momento. Sería muy fácil demostrarlo con algún pantallazo que guarde en su galería o alguna evidencia de que tuvo que volver a pedir algo por WhatsApp porque lo había perdido con el borrado automático –algo que sucede con frecuencia a las personas con esa opción activada–.

Por su lado, la acusación popular ha destacado que, tras los análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «quedan 54 correos, pero no los emails clave».

Según García Capelo, «la sincronía entre el momento en que el fiscal general accede a la documentación y cuando esta se filtra resulta inusitada», y ha denunciado que no existe “una explicación plausible” para esa coincidencia más allá que la filtración.

El abogado ha lamentado, además, que el fiscal general empleara una cuenta personal de Gmail «por excusas tan peregrinas como que tardan más en llegar los emails en la cuenta oficial». Es algo que dijo en la fase de instrucción, pero que no ha repetido al no ser creíble.

Defensa fiscal

En todo caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la carrera, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que «aun en la hipótesis de que el fiscal general hubiera filtrado el correo relativo a Alberto González Amador, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios».

Sánchez Conde ha subrayado que varios periodistas afines al Gobierno y al fiscal general testificaron que conocían las negociaciones entre la defensa de González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— y la Fiscalía antes de que García Ortiz tuviera noticia de ellas.

La representante de la Fiscalía ha calificado de «legítimo» el borrado de los chats de WhatsApp de García Ortiz y ha considerado que «no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa»

Durante el juicio, García Ortiz ha asegurado que cambia de teléfono móvil «más o menos una vez al año» desde que, al llegar a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, comprobó que los dispositivos antiguos «se quedaban en una caja hasta que se reciclaban». Desde entonces, ha afirmado, gestiona sus propios dispositivos y no los devuelve.

Ha explicado que el cambio de móvil en octubre de 2024 coincidió con un viaje a Brasil y que necesitó ayuda técnica para restaurar los «valores de fábrica» y los «certificados de seguridad» del anterior. «No es algo que pueda hacer a mi libre albedrío», ha precisado.

El fiscal general ha reconocido que usó su cuenta de Gmail por comodidad: «Es el medio más sencillo, es el que tengo en casa». Tras el registro de su despacho por la Guardia Civil, ha declarado haber cerrado esa cuenta en diciembre de 2024 al recibir «mensajes feos y amenazantes» como «eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno, delincuente, más tarde o más temprano, caerás».

El juicio ha revelado la tensión entre el argumento técnico de la seguridad digital y la sospecha de una eliminación intencionada de pruebas. Mientras la Fiscalía defiende el carácter «preceptivo» de los borrados, la acusación mantiene que la coincidencia temporal entre los cambios de dispositivo, el acceso a los correos y la filtración no es casual.