Coartada de una fiscal a García Ortiz sobre el móvil que no entregó a la UCO: «Lo vi roto en una caja»

Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, ha ofrecido este martes una explicación inesperada sobre el paradero de un móvil de Álvaro García Ortiz que nunca fue entregado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según su testimonio, el terminal ha «aparecido roto y abandonado en una caja» junto a otros dispositivos devueltos hace años, lo que proporcionaría una coartada al fiscal general en un momento crítico de la investigación judicial.

La declaración de Rasillo ha tenido lugar en el marco de la causa que investiga una presunta revelación de secretos por parte de García Ortiz. El testimonio resulta especialmente relevante porque contradice, al menos parcialmente, las acusaciones que apuntan a una ocultación sistemática de pruebas por parte del fiscal general.

La testigo ha revelado que García Ortiz cambiaba de móvil «de media una vez al año», una frecuencia que ha llamado la atención durante el interrogatorio. Cuando la abogada del Estado le ha preguntado si siempre se devuelven los teléfonos antiguos, Rasillo ha explicado una situación administrativa peculiar.

«No, no todos [los devuelven], en principio deberían, pero estamos en una situación curiosa, es un contrato [de los móviles] del Ministerio de Hacienda, ni siquiera el Ministerio de Justicia es parte de este contrato», ha declarado la fiscal. Ha añadido que «por comodidad algunos fiscales no los devuelven y no tienen legitimación para devolverlos».

Esta circunstancia evidencia un control laxo sobre los dispositivos móviles en la Fiscalía General del Estado. La gestión de los terminales depende de un contrato con Hacienda que deja fuera al propio Ministerio de Justicia, creando un vacío administrativo que algunos fiscales aprovechan para retener los aparatos. Además, dice que a veces se daban teléfonos usados a los fiscales que necesitaban.

El hallazgo descrito por Rasillo ha resultado providencial para la defensa de García Ortiz. «Me quedé espantada al ver una caja con móviles devueltos» entre los que se encontraba uno «con un post-it que pone Álvaro García Ortiz», ha relatado la testigo. Ha precisado que «esa caja sigue ahora en la Fiscalía General bajo llave» y que el móvil del fiscal general estaba «roto», dando todo ello «sensación de abandono». La presencia del terminal en una caja olvidada contradice la imagen de una destrucción intencionada, aunque el estado deteriorado del aparato dificultaría su análisis forense.

Ausencia de registros

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha recordado durante el interrogatorio que un acta de los informáticos de la Fiscalía General del Estado indicó que «no consta el retorno del móvil del fiscal» cuando fue solicitado por el instructor. Según esta documentación, no consta «ninguna recepción de móviles» en los registros oficiales.

Rasillo no ha entrado en el fondo de la cuestión planteada sobre la ausencia de registros formales de devolución. Se ha limitado a indicar que «había dos» autos judiciales al respecto.

García Ortiz está siendo investigado por la presunta revelación de secretos relacionados con el caso de González Amador. La Fiscalía habría filtrado información confidencial sobre las negociaciones entre la defensa del empresario y la Fiscalía Provincial de Madrid en marzo de 2024.

La ausencia de un móvil del fiscal general ha sido uno de los puntos más controvertidos de la investigación. Las acusaciones interpretan el borrado de mensajes y el cambio de dispositivo como actuaciones destinadas a dificultar la obtención de pruebas.

Nombrada por el PSOE

Esmeralda Rasillo es fiscal desde hace 37 años y cuenta con una dilatada experiencia institucional. Entre 2018 y 2020 desempeñó el cargo de directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, bajo el mandato de la ministra Dolores Delgado (PSOE). En mayo de 2022 fue nombrada fiscal de sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General.