Covite le pide al alcalde de San Sebastián que impida que los padres de Alsasua lancen el chupinazo

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Los padres de los condenados de Alsasua por propinar una paliza a un grupo de Guardias Civiles serán los encargados de lanzar el chupinazo de San Sebastián. Foto: Europa Press

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha pedido al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que “impida” que los padres de los jóvenes condenados en la Audiencia Nacional (AN) por la agresión a dos Guardia Civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en 2016 lancen el chupinazo del colectivo Donostiako Piratak en la Semana Grande donostiarra, que comienza el sábado.

En un comunicado, Covite ha informado de que ha enviado una carta a Goia en la que le pide que “no sean los padres de los condenados por el caso Alsasua quienes lancen el chupinazo pirata” de la Aste Nagusia.

A juicio del colectivo, resulta “muy grave” que instituciones públicas “se muestren a favor de unas personas condenadas por la AN por una agresión cuya gravedad ha quedado demostrada”.

Por ello ha anunciado que “emprenderá las acciones legales necesarias para denunciar el acto si finalmente el Ayuntamiento permite que quienes lancen el chupinazo pirata sean los padres de los agresores del caso Alsasua”.

Covite ha criticado que “el Ayuntamiento de San Sebastián y, por lo
general, la mayoría de las instituciones públicas del País Vasco y de Navarra se alineen con la izquierda abertzale, que ha politizado los hechos dese el primer momento y ha incitado una brutal campaña de acoso contra una de las víctimas de la agresión de Alsasua, residente en esta localidad”.

Asimismo, ha pedido al delegado del Gobierno central en Euskadi, Jesús Loza, que “se pronuncie en torno a esta nueva humillación para las verdaderas víctimas del caso Alsasua“. “Si el delegado quiere
mostrar su compromiso con las víctimas, tiene la obligación de condenar este tipo de actos que las humillan y de trabajar, dentro de sus competencias, para que no se produzcan”, ha afirmado.

Covite ha subrayado que “las supuestas discrepancias con una sentencia judicial no pueden ser la coartada para lanzar mensajes que inciten al odio, a la impunidad de la violencia y que apoyen a los agresores de cuatro personas a las que nadie prestó ayuda en medio de un linchamiento público”.

Finalmente, ha opinado que el hecho de que “una institución pública esté dispuesta a promover este tipo de mensajes demuestra una total falta de solidaridad con las víctimas y supone un ataque contra los valores más básicos de la democracia”.

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