El contrato que acorrala a Zapatero: su testaferro acordó 5.000 € por «un informe mensual sobre política»

Un contrato de 5.000 euros al mes por «un informe mensual sobre política» es el hilo del que tira el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para documentar cómo Julio Martínez Martínez, descrito en el auto judicial como el «lugarteniente principal» de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), construyó junto a la secretaria del ex presidente una operativa de facturación ficticia que el magistrado califica de «modus operandi estable y reiterado».

La misma persona borraba de forma sistemática los mensajes que intercambiaba con Zapatero, una conducta que el juez interpreta como prueba de que los investigados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actuaciones.

El auto judicial que autoriza los registros practicados el 19 de mayo de 2026 en cuatro domicilios de Madrid, entre ellos el despacho de Zapatero en la calle Ferraz número 35, reconstruye con detalle la mecánica interna de la presunta trama.

Las diligencias previas, instruidas en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021.

El propio Martínez Martínez ha reconocido a este periódico estar «perplejo, consternado y sorprendido» por la decisión del juez, y ha admitido que nunca imaginó que Zapatero pudiera ser imputado: «Pensaba que se libraría de esto». Una frase que, lejos de ser un simple gesto de sorpresa, apunta a que Martínez era consciente de que había motivos para temer una investigación.

Facturas de Plus Ultra

El mecanismo que describe el juez Calama es de una precisión que no deja margen a la interpretación. La secretaria de Zapatero, Gertru Alcázar, no emitía facturas por servicios prestados, sino que consultaba previamente a Cristóbal Cano, gestor del entramado societario, qué conceptos falsos debía consignar y qué importes reflejar.

El intercambio más elocuente data del 22 de septiembre de 2021. Alcázar preguntó a Cano si debía emitir una o varias facturas por importe de 20.000 euros y qué conceptos incluir. Cano respondió facilitando los epígrafes del supuesto servicio, la imputación trimestral y las cuantías exactas.

Seis meses después, el 29 de marzo de 2022, Alcázar volvía a consultar: «Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada». El 21 de marzo de 2022 se había propuesto directamente «ir consensuando los conceptos» de las nuevas facturas que había que emitir.

El juez concluye que toda esta operativa evidencia «una facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental» que diera apariencia de legalidad a los pagos.

La estrategia de ocultación alcanzaba también a la presencia física de los investigados. Cuando Martínez acompañaba a Zapatero en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Cano transmitía instrucciones precisas a la secretaria del ex presidente: «Me indica Julio que saldrá junto al presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado». Una cautela que delata, por sí sola, la voluntad de mantener en la penumbra una relación cuya visibilidad pública consideraban comprometedora.

Mensajes borrados

El auto documenta que Martínez «elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que escribe a José Luis Rodríguez Zapatero», una conducta que se infiere de los huecos y asimetrías detectados en las conversaciones recuperadas por los investigadores.

Las que sí han podido rescatarse revelan el estilo de la comunicación: terceras personas reenvían a Martínez mensajes que este debía trasladar a Zapatero precedidos de fórmulas como «Presidente, le reporto las novedades» o «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto».

Esas mismas conversaciones concluyen con expresiones como «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente», lo que el juez interpreta como prueba de que el destinatario real era el ex presidente socialista, pese a que su nombre no aparece en los registros del teléfono intervenido.

El auto judicial contradice además de forma directa las declaraciones que Zapatero realizó el 2 de marzo de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. En aquella comparecencia, el ex presidente afirmó: «No lo sé, desconozco quiénes son los clientes de Análisis Relevante».

Sin embargo, Calama ha documentado que el 6 de julio de 2021 Zapatero remitió a Martínez dos archivos de Excel, denominados «LISTA AR OK.xlsx» y «direcciones email JM.xlsx», con un listado de clientes de la mercantil Análisis Relevante SL, la empresa instrumental de Martínez que pagó 239.755,01 euros a Whathefav SL, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Mentir ante una comisión de investigación en las Cortes está tipificado como delito de falso testimonio.

La investigación tiene su origen formal en 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoó las diligencias previas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, posteriormente inhibidas a la Audiencia Nacional. Un perito judicial ha concluido que Plus Ultra llevaba ya un año en situación de insolvencia cuando obtuvo el rescate. La aerolínea presentó además certificados de estar al corriente con la Seguridad Social que la Tesorería General desmintió: tenía una deuda de 451.954 euros que se remontaba a julio de 2017.

La colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations ha sido determinante. A través de los mecanismos de cooperación policial internacional, puso a disposición de la UDEF la extracción telefónica de un dispositivo perteneciente al investigado Rodolfo Reyes, cuyo contenido ha nutrido en parte la instrucción.

En ese material, los directivos de Plus Ultra discutían con desenfado la naturaleza venal del acuerdo. El 16 de junio de 2020, Reyes preguntó a un interlocutor si «la boutique financiera te habló de costos», a lo que este respondió: «Todavía no, pero ya nos habló de ella, jajajajajaja. Pues si saca algo merece el pago»4.

La jocosidad con que los investigados se referían al soborno en privado contrasta con el cuidado quirúrgico con el que, en paralelo, borraban las trazas digitales de sus acuerdos y pactaban los conceptos de cada factura. El archivo no miente; los mensajes borrados, en cambio, dejan un hueco que el juez ha sabido leer.