Marlaska gasta 16 millones en repartir nuevos ilegales por España tras negar el «efecto llamada» de la regularización

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska gastará 16 millones en repartir por España a los inmigrantes ilegales que lleguen en las próximas semanas a nuestras costas. La contratación de aviones privados para trasladar a los extranjeros irregulares a partir de este verano iguala el mayor gasto del Ejecutivo en esta materia. Todo ello, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha negado el «efecto llamada» de la regularización masiva de personas en situación administrativa irregular.

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la cartera de Interior, ha licitado un contrato para contratar «servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros, mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general y de los funcionarios policiales».

Los vuelos tendrán dos funciones. Por un lado, permitirán el traslado de los extranjeros «a sus países de origen en ejecución de las órdenes de expulsión del territorio nacional». El Gobierno socialista, sin embargo, sólo ejecutó el 13% de las deportaciones del último año completo, es decir, 2025. En aquel ejercicio, sólo se llevaron a cabo 3.398 expulsiones pese a que se emitieron 53.695 órdenes de deportación.

Por otro lado, la segunda función que cumplirán estos vuelos será trasladar a los inmigrantes por la península. Concretamente, «entre diversos puntos de la geografía nacional, junto con los funcionarios encargados de ejecutar dichos traslados y de la seguridad de los mismos».

Traslados de inmigrantes

Estos inmigrantes serán «ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros [CIE]» y, por tanto, se trasladarán de un centro a otro o, en su defecto, serán llevados a otras ciudades para que instituciones de organismos públicos u organizaciones no gubernamentales los acojan.

La empresa que resulte adjudicataria de este contrato tendrá que realizar estos vuelos, de cuyos desplazamientos no se detalla el número exacto, entre junio de 2026 y diciembre de 2027.

«La propia legislación de extranjería, materia de derecho administrativo dinámica y cambiante, va a determinar el número de ciudadanos extranjeros que se encuentran en los supuestos de expulsión y repatriación», señala la licitación publicada por la cartera de Marlaska.

Además, justifican mantener el coste del contrato anterior en «la subida de los carburantes, y su influencia en el normal desarrollo del contrato actual, así como que en su tramitación las dos licitadoras que se presentaron solicitaron precios unitarios con una subida de entorno al 50%».

«Factores económicos coyunturales de diversos e imprevisibles orígenes (en España, en el resto de Europa y en los países de origen), factores políticos y sociales en los países de origen, factores sanitarios como los de la pandemia de coronavirus (COVID-19), e incluso factores climatológicos, factores todos ellos que pueden determinar la afluencia de inmigración ilegal a nuestro país y, consecuentemente, el número de personas en dicha situación», reza el documento de contratación.

El Ejecutivo, sin embargo, incluso llegó a citar la regularización de 2005 como un ejemplo para la reducción del flujo migratorio. La Moncloa ofreció una serie de datos para avalar el proceso de otorgar la situación administrativa regular a los inmigrantes que aún no la tienen y que llevan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. «Tras la regularización de 2005, las llegadas se redujeron un 25%», puede leerse en un mensaje del Gobierno.

Además, expone que las «llegadas irregulares a España han bajado un 48,1% en el primer trimestre de 2026». De este modo, el Ejecutivo socialista intenta justificar que «no hay efecto llamada». Aun así, no se arriesga a reducir el contrato para la repatriación y distribución de inmigrantes irregulares llegados a España.