La comisión ética del PSOE defiende expulsar a Carmen Calvo del partido por criticar la ‘Ley Trans’

Ex vicepresidenta primera del Gobierno, ex ministra de Igualdad, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Cultura, ex vicepresidenta del Congreso y ex consejera de la Junta de Andalucía. Lo ha sido prácticamente todo en el Partido Socialista. Carmen Calvo, en la actualidad presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, ha ocupado todos estos cargos bajo las siglas del PSOE. Ahora, tras criticar públicamente la Ley Trans del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión de Garantías y Ética del partido en el que lleva afiliada desde 1999 -aunque empezó a desempeñar cargos casi una década antes-, cree que debería ser expulsada de militancia por incumplir los estatutos al dar libremente su opinión sobre un tema fuertemente ideológico.

La cuestión sobre la Ley Trans ha abierto el partido en canal entre históricas feministas y una nueva hornada de afiliados que defienden al colectivo LGTBI. Hasta tal punto que, tras varias cesiones a Podemos -que ha liderado el texto normativo, con el beneplácito de una parte del PSOE y del propio presidente Pedro Sánchez-, Moncloa defiende ahora que la norma podría ser modificada para calmar los ánimos y evitar una guerra interna cuyo resultado nadie se atreve a vaticinar. En el entorno del secretario general, además, todos miran a una de sus ex colaboradoras más cercanas como posible líder de esa rebelión: la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo. Hay miedo. Por eso, Sánchez maniobra también para evitar que acabe siendo expulsada en un gesto que sería «un punto de inflexión» para una formación en horas bajas.

En el entorno del presidente reconocen que el tema «preocupa y mucho». Es uno de los principales frentes abiertos que tiene el líder socialista, aunque no de los más conocidos, dentro del partido. Calvo y el resto de mujeres que defienden su misma posición están en contra de que, tal como recoge la nueva ley aprobada el pasado jueves en el Congreso, cualquier persona pueda decidir libremente su condición sexual y cambiarla cuantas veces quiera, alegando únicamente que en ese momento se siente hombre o mujer. La otra parte, sin embargo, considera que esa posición es retrógrada y les acusa de homofobia continuada contra las personas que se sienten de un sexo distinto al que nacieron.

A Calvo, denunciada junto a un grupo de feministas históricas por parte del entorno del secretario de políticas LGTBI del partido Víctor Gutiérrez -que a su vez también ha sido denunciado por ellas-, le achacan haber cometido faltas graves y muy graves por oponerse públicamente a la Ley Trans. La denuncia que se presentó contra ellas, siendo la ex vicepresidenta del Gobierno la cara más visible de este lobby feminista clásico, resumía que «el ataque de este grupo de compañeras a ese proyecto de ley está dañando de manera irreparable la imagen de toda la familia socialista». Organizadas como corriente de la organización, sostiene la denuncia, «esta entidad [en la órbita del PSOE] viene desarrollando un hostigamiento y crítica permanente al Gobierno de Pedro Sánchez». Lo que es constitutivo de incumplimiento de los artículos 85 y 86 de los estatutos socialistas.

Dicho articulado, en sus puntos a, e y f, subraya que serán faltas graves o muy graves «la indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido, la ofensa personal grave a cualquier afiliado/a o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados del partido y de sus miembros, cuando se produzcan con publicidad o tengan notoria trascendencia o hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos a la línea política del partido». Todo ello, según los primeros trabajos de la Comisión de Garantías y Ética del PSOE, lo habría incumplido Calvo a través de tuits, declaraciones o entrevistas.