Comisarías y cuarteles se llenan de marihuana porque el Gobierno no facilita almacenes: «Sufrimos mareos»

El Gobierno de Pedro Sánchez incumple la norma de Interior que le obliga a disponer de instalaciones adecuadas para almacenar la droga intervenida en las distintas operaciones policiales. La consecuencia de esto es que acaba depositada en comisarías y cuarteles, y los agentes tienen que trabajar entre cientos e incluso toneladas de estupefacientes que provocan un fuerte olor, sobre todo en el caso de la marihuana, lo que les produce «mareos y náuseas».

Ese olor inunda «todas las instalaciones» y ocasiona «malestar general tanto al personal como a las familias que viven en los cuarteles», según denuncian fuentes policiales a OKDIARIO.

La citada norma lleva ya 10 años en vigor, pero «el Gobierno hace oídos sordos» y los estupefacientes acaban depositados en instalaciones policiales que «incluso actúan como secadero de droga para después analizar las sustancias», declara a este diario la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana.

Ante esta situación, la AUGC presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, que en una reciente resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ha instado al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones.

Aprueba normas que luego incumple

La citada norma es la Instrucción 6/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la Guía práctica de la actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En el apartado III dispone que «realizada la recogida de muestras y el etiquetado, se pondrán a disposición del juzgado competente las sustancias intervenidas mediante la remisión del acta de aprehensión, y se remitirán las sustancias intervenidas a las sedes de almacenamiento de la droga de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (URCD), salvo que por razones excepcionales debidamente justificadas sea necesario que queden depositadas por el tiempo mínimo imprescindible en dependencias policiales».

«No tiene sentido que la administración apruebe normas que ella misma es la primera en incumplirlas», denuncia Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales y artífice de la denuncia.

Según informa, esta situación se ha denunciado de forma interna en la Benemérita en muchas ocasiones, pero no se ha dado solución al problema. Por ello, cada vez que los agentes intervienen plantas de marihuana, nos encontramos con un cuartel o comisaría repleto de ellas en alguna oficina o garaje, «inundándolas de un olor insoportable».

La resolución de Inspección de Trabajo

Inspección de Trabajo se ha pronunciado en su resolución sobre la Comandancia de la Guardia Civil en Tenerife, donde las instalaciones albergan una gran cantidad de droga intervenida, sobre todo marihuana, y desde junio de 2024 el fuerte olor que desprende resulta «insoportable» para los agentes.

De no subsanarse la situación y continuar depositándose la droga en cuarteles de la Guardia Civil, el Ejecutivo tendría que responder administrativa y civilmente ante las reclamaciones de agentes que aleguen daños en su salud por las sustancias estupefacientes que albergan sus centros de trabajo.

«Por ejemplo, si se marean y están dos o tres días sin trabajar, pueden presentar una reclamación para que les indemnicen por esos días debido al anormal funcionamiento de la administración que no cumple con sus obligaciones», apunta Nemiña.

Ante el varapalo que Inspección de Trabajo ha dado al Gobierno, la AUGC reclamará ante los distintos delegados y subdelegados del Ejecutivo que cumplan de una vez con esta obligación. «Animamos a los afectados a denunciar esta situación y reclamar responsabilidades», emplaza Nemiña a sus compañeros.

Dos años denunciando el caso de Tenerife

Eugenio Nemiña puso este caso de Tenerife en conocimiento del entonces director general de la Guardia Civil, «dado que la problemática sucede en diversas instalaciones policiales».

En su escrito le alertó de que esta situación supone «un claro incumplimiento» de las indicaciones de la citada guía y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, que igualmente ordena «no depositar las plantas de marihuana intervenidas en los acuartelamientos de la Guardia Civil, ni ninguna otra sustancia incautada procedente del tráfico ilícito de drogas».

Asimismo, le recordó que existe una instrucción al respecto, pero «si no se respeta ni se hacen respetar es como si no existiera y continuamos en la misma situación que hace 10 años, sin hacer nada para evitar los riesgos a la salud».

En julio de 2024, el director general respondió que en marzo de 2016 se propuso a todos los órganos de prevención territoriales una serie de medidas preventivas y que en la citada comandancia se estaban adoptando «medidas suplementarias para limitar estos efectos colaterales».

Ante la «genérica» respuesta recibida y que el problema persistía, Nemiña denunció la situación ante la Comisión de Riesgos Laborales, pero afirma que «la Guardia Civil se limitó a tirar balones fuera diciendo que esta situación era muy compleja y que no dependía de ellos».

Por ello, «ante la imposibilidad de solucionar el problema del depósito y la custodia de estupefacientes de modo interno», en octubre de 2024 presentó una denuncia ante el secretario general de la Inspección de personal y servicios de seguridad de Madrid, reclamando medidas urgentes.

Finalmente, el pasado 16 de octubre y, por tanto, un año después, Inspección de Trabajo ha ordenado a la Subdelegación del Gobierno de Tenerife que busque un sitio adecuado donde depositar las sustancias estupefacientes intervenidas.

«Esperamos que el Gobierno cumpla con sus obligaciones, al igual que nos exige a los guardias civiles cumplir con las nuestras y que no sea necesario llevar este problema ante los juzgados», concluye Eugenio Nemiña.