Sánchez tendrá lista en 3 meses la sedición ‘a la carta’ para Junqueras si la tramita por la vía ‘exprés’

La reforma del Código Penal que plantea el Gobierno socialcomunista para rebajar el delito de sedición a los líderes del ‘procés’ apenas necesitará tres meses de procedimiento parlamentario si Pedro Sánchez opta por la vía ‘exprés’, algo que permite la mayoría que PSOE y Podemos tienen en la Mesa del Congreso.

El artículo 31 del reglamento de la Cámara Baja determina que es función de este órgano «decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas». Esa tramitación de urgencia se iniciará «a petición del Gobierno», «de dos grupos parlamentarios» o «de una quinta parte de los diputados». Fuentes del Congreso sostienen que la tramitación habitual duraría seis meses, pero de optar por la vía rápida ese tiempo se reduciría a la mitad. Incluso menos. Además, la Mesa del Congreso podría acordar limitar los plazos y prórrogas para la presentación de enmiendas.

La reforma del Código Penal exige plantearlo como proyecto de ley orgánica, por parte del Consejo de Ministros, o como proposición de ley de los grupos parlamentarios (bien del PSOE o con la firma conjunta de PSOE y Podemos). Todo dependerá del consenso que se alcance entre los dos socios de Gobierno, y de la unidad de acción que se quiera dar a la reforma. La iniciativa podría ser planteada por ejemplo por los socialistas, de forma que los de Iglesias presentasen enmiendas, si existen discrepancias.

La aprobación exigirá de mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. El Gobierno de Sánchez lo tiene fácil, salvo sorpresa, porque la suma de PSOE y Podemos, con el apoyo de los independentistas (ERC, Junts per Catalunya y la CUP), además del PNV y Bildu, ya alcanza los 189 diputados.

La reforma del Código Penal se podrá aplicar a los presos del ‘procés’ de forma prácticamente automática. El artículo 2 del propio Código destaca en este sentido que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».

Libertad condicional

De esta forma, la cúpula del referéndum ilegal podrá ver reducidas sus condenas en un plazo muy breve. Desde el Gobierno no se niega el planteamiento de endurecer el delito de rebelión para poder, en consecuencia, rebajar el de sedición y aliviar esas condenas, lo que permitiría a los dirigentes separatistas disfrutar mucho antes de ventajas penitenciarias. Hoy por hoy, Oriol Junqueras -condenado a 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición o malversación- no podría solicitar la libertad condicional adelantada hasta junio de 2026, por lo que una rebaja considerable de las penas por sedición le permitiría adelantar ese plazo. El dirigente de ERC sí accederá en cambio a permisos ya a principios del próximo año, cuando se cumpla una cuarta parte de su actual condena.

Aunque el Gobierno no despeja públicamente los términos en que acometerá la reforma, sí va dejando pistas de su intención de descafeinar el delito de sedición.

La vicepresidenta Carmen Calvo lo justificó este miércoles en los reveses sufridos por la Justicia española en Europa, en referencia por ejemplo a los procedimientos de extradición de Carles Puigdemont. 

«Hemos visto una situación en Europa que nos ha mandado un mensaje. Y la sentencia del 14 de octubre del Tribunal Supremo también nos manda un mensaje de que hay que hacer algo. Actualizar. Y lo asumimos», opinó Calvo, en una entrevista en la SER.

El Ejecutivo cree que la actual redacción del Código Penal no encuentra equivalencia en Europa, pese a que los países comunitarios contemplan cada uno de forma muy diferente la rebelión o la sedición.

«Dentro de los proyectos de reforma legislativa está la modificación del Código Penal porque hay que acompasar comportamientos democráticos a tipos penales que ya en algunas sentencias europeas nos han advertido de que sonaban extraños en Europa», excusó Calvo.

El Gobierno socialcomunista pretende además tensionar a la oposición planteando una reforma muy amplia del Código Penal, que recoja cuestiones sociales tan sensibles como el consentimiento de la mujer para mantener relaciones sexuales -el controvertido «sólo sí es sí»- o sanciones medioambientales.