El Supremo rechazó que la isla donde vive la presidenta del PSOE gallego fuera exclusiva para residentes

La presidenta del PSOE de Galicia, senadora por Pontevedra y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, habita en un chalet de lujo en la Isla de Toralla, ínsula privada de concesión pública que incumple la ley de Costas, pese a que el Tribunal Supremo rechazó en 1997 que estos terreros sean de exclusivo uso para sus residentes.

El BNG tiene presentadas en el Congreso y en el Senado sendas iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Pedro Sánchez, del mismo partido que Carmela Silva, revierta la situación actual, a fin de que los no residentes puedan acceder a esta isla. Ahora mismo sólo se les permite entrar unos arenales a ambos lados del puente. Colectivos vecinales y ecologistas, al igual que el BNG, reclaman al Ejecutivo de PSOE-Sumar que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, habilite una «servidumbre de tránsito» por todo el perímetro de la isla en cumplimiento de la vigente ley de Costas.

En concreto, el texto del BNG (en forma de proposición no de ley en el Congreso, y de moción en el Senado) subraya que «en octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas».

«Esta sentencia -prosigue el escrito parlamentario- dejaba claro que, en base a la Ley de Costas, los propietarios deben ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar inscrita. En conclusión, en Toralla se produce un incumplimiento de la Ley en relación a la preservación del dominio público marítimo terrestre y a las zonas de paso público que debe ser solucionado definitivamente», señala la iniciativa.

Fuentes vecinales aseguran que Carmela Silva hace uso de esta finca, pero apuntan que sería su hijo, el futbolista Iago Falque, quien tendría título sobre dicha vivienda. No obstante, las mismas fuentes sitúan a la senadora socialista y mano derecha del alcalde Abel Caballero haciendo vida en este destino de vistas paradisíacas, y ella misma ha colgado imágenes en sus redes sociales junto a este inmueble, como publicó OKDIARIO el jueves.

Pese a protagonizar este incumplimiento de la Ley de Costas y ser calificada de «usurpadora» por los ecologistas, su partido, con Pedro Sánchez al frente, se ha afanado estos días en lanzar falsas acusaciones contra la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por solicitar una concesión de acceso desde su casa a la playa de Cons, en Moaña (Pontevedra).

Fue en los años sesenta del pasado siglo XX -con el franquismo- cuando se concedieron los primeros permisos para la urbanización que alcanza ahora una treintena de chalets en la Isla de Toralla (Vigo). En 1990 la comunidad de propietarios Toralla SA interpuso un recurso para blindar el uso y disfrute en exclusividad del puente y de las playas de la ínsula, además de la zona restringida de sus inmuebles.

Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó este extremo, dio la razón a la Abogacía del Estado y determinó sobre la isla de Toralla que «tanto para asegurar la integridad física y las características propias de la zona marítimo-terrestre como para garantizar su accesibilidad, es imprescindible imponer servidumbres sobre los terrenos colindantes y limitar las facultades dominicales de sus propietarios».

Junto a ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo subrayó que «entre las servidumbres legales reguladas en el capítulo II del Título II (de la Ley de Costas), se encuentra la servidumbre de tránsito (artículo 27), zona que deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos».

La habilitación de esta «servidumbre de tránsito» es lo que reclama el BNG, asociaciones ecologistas y colectivos vecinales. Y el propio Gobierno de Sánchez, jefe de filas de Carmela Silva, señaló al Bloque en una respuesta parlamentaria el pasado septiembre en la Cámara Baja que «es consciente de las limitaciones existentes en la Isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre de tránsito y se encuentra trabajando en una solución para revertirlas».

En este sentido, el Gobierno de PSOE-Sumar remarcó que «el artículo 27 de la Ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar».

«Accesibilidad pública»

Esta zona, indicó el Gobierno haciéndose eco de la sentencia del Tribunal Supremo, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. Junto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que haría todo lo posible para que «la Isla de Toralla sea de accesibilidad pública, de acuerdo con lo contemplado en la normativa de Costas y para garantizar el cumplimiento de las sentencias».

Las organizaciones ecologistas y vecinales denuncian que «Toralla sigue siendo un espacio público usurpado hace décadas en beneficio de unos pocos privilegiados que deben tener muy buenos contactos políticos para seguir allí durante tantos años sin cumplir las leyes».