La presidenta del PSOE gallego vive en una isla privada de concesión pública que incumple la Ley de Costas

La presidenta del PSOE de Galicia, senadora por Pontevedra y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, habita un chalet de lujo ubicado en una isla privada de concesión pública que incumple la Ley de Costas. Se trata de la Isla de Toralla, en la ría de Vigo, a la que está restringido el acceso a residentes y acompañantes, de manera que sólo estos pueden circular dentro de la misma. Al resto de ciudadanos sólo se le permite hacer uso de la zona de playa que hay a ambos lados de la carretera que lleva a la isla.

Fuentes vecinales señalan que Carmela Silva hace uso de esta finca, pero apuntan que sería su hijo, el futbolista Iago Falque, quien tendría título sobre dicha vivienda. No obstante, las mismas fuentes sitúan a la senadora socialista haciendo vida en este destino de vistas paradisíacas, y ella misma ha colgado imágenes en sus redes sociales junto a este inmueble.

Pese a protagonizar este incumplimiento de la Ley de Costas y ser calificada de «usurpadora» por los ecologistas, su partido, con Pedro Sánchez al frente, se ha afanado en las últimas horas en lanzar falsas acusaciones contra la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por solicitar una concesión de acceso desde su casa a la playa de Cons, en Moaña (Pontevedra).

De hecho, el propio jefe del Ejecutivo atacó así al líder del PP en la sesión de control de este miércoles en el Congreso: «Hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de Vivienda y solamente están pendientes de dos viviendas: una, un ático en Chamberí, y otra, un chalet en Moaña con un acceso privativo a la playa», señaló, refiriéndose primero a una propiedad vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En lo referente al caso de Carmela Silva, el pasado septiembre, en una respuesta parlamentaria al diputado del BNG, Néstor Rego, el propio Gobierno de Sánchez apuntó que «la habilitación de la servidumbre de tránsito en la Isla de Toralla es un objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que se encuentra trabajando a través del Servicio Provincial de Costas en Pontevedra».

El Ejecutivo enfatizó que «es consciente de las limitaciones existentes en la Isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre de tránsito y se encuentra trabajando en una solución para revertirlas».

En este sentido, el Gobierno de PSOE-Sumar remarcó que «el artículo 27 de la Ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar».

Esta zona, indicó, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. Junto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que haría todo lo posible para que «la Isla de Toralla sea de accesibilidad pública, de acuerdo con lo contemplado en la normativa de Costas y para garantizar el cumplimiento de las sentencias».

Las asociaciones ecologistas vienen denunciando que los no residentes no pueden rodear la isla debido a las fachadas, muros, piscinas y otras instalaciones de las casas que ocupan «las servidumbres de protección, tránsito y acceso», unas construcciones que fueron legalizadas con concesiones públicas.

En su declaración de bienes y rentas presentada en el Senado al inicio de la presente legislatura, Carmela Silva (Vigo, 1960) da cuenta de ser propietaria al 50% de un «piso» en su ciudad natal adquirido en 1990 y refleja otro inmueble en Barcelona -también al 50%- en régimen de usufructo desde 2006.

La de Toralla, con una superficie de 10,6 hectáreas, es la única isla privada de Vigo y de las pocas con acceso restringido en Galicia. Cuenta, dentro de su carácter exclusivo, con una urbanización de lujo con más de 30 chalets y una enorme torre de 21 plantas. Un puente de 400 metros une la ínsula con la playa de enfrente, la de O Vao, en Coruxo. Y una garita con barrera impide el paso a cualquier persona ajena a la isla. Por su parte, el arenal de la playa de Toralla está dividido en dos partes por dicho. A cada una de ellas se accede mediante dos rampas.

El pasado año, distintas organizaciones ecologistas y asociaciones vecinales realizaron varias protestas en este enclave. En estas concentraciones, llamaron a los ciudadanos a sumarse a la «reconquista de Toralla», exigiendo también a las Administraciones que «hagan cumplir la ley para devolver la isla a Vigo».

Años sesenta

«Toralla sigue siendo un espacio público usurpado hace décadas en beneficio de unos pocos privilegiados que deben tener muy buenos contactos políticos para seguir allí durante tantos años sin cumplir las leyes». Fue en los años sesenta del pasado siglo XX -con el franquismo- cuando se concedieron los primeros permisos para su urbanización.

«Una barrera y un vigilante al final del puente impiden hoy el acceso de vehículos y peatones al interior de la isla de Toralla. La decisión surge de los privilegiados propietarios de las treinta villas que existen en la isla y que no superan los 170 residentes y de la vista gorda de las autoridades. Una prohibición sin respaldo legal», denuncian grupos ecologistas, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Plataforma por la Defensa de la ría Vigo-Cíes o Amigas da Terra y colectivos vecinales de las parroquias de Coruxo y San Miguel de Oia.

En su caso, Carmela Silva -a la que llaman La Marquesa de Toralla- se convirtió por primera vez en diputada por Pontevedra en el Congreso en noviembre de 1997, cuando sustituyó a Abel Caballero, alcalde de Vigo desde 2007 y de cuyo gobierno actual forma parte como primera teniente de alcalde y responsable del área de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad. Desde 2011 es concejal de este Ayuntamiento. Presidió la Diputación de Pontevedra entre 2015 y 2023.