Caos y preocupación en el aparato del PP de Valencia por el vacío político ante unas inminentes elecciones

eduardo zaplana
La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. (Foto: EFE)

En los distritos del Partido Popular de la ciudad de Valencia hay desconcierto y preocupación por el vacío político existente ante unas inminentes elecciones, después de que se creara una gestora para dirigir la formación en la capital del Turia que no ha tomado el control político del aparato municipal.

La ‘Operación Taula’ obligó a la formación a crear una gestora para dirigir el PP de Valencia, después de que medio centenar de ediles, exconcejales, asesores y exasesores del grupo municipal se vieran envueltos en una investigación por supuesto blanqueo de capitales y financiación ilegal. Sin embargo, ésta no tiene el control político aún, y en los distritos se preguntan quién les va a dirigir si finalmente son convocadas nuevas elecciones para el 26 de junio.

La situación ha provocado tanta confusión que fuentes de los distritos señalan que no saben “para quién trabajan” ni quién es su interlocutor si hay comicios. Lo que sí saben es que habrá que poner en marcha el aparato en la ciudad para la campaña y eso “está generando mucha preocupación».

En la Dirección nacional del PP también preocupa el grave problema que se le plantea en la ciudad de Valencia de cara a las más que probables elecciones generales de junio. Un problema de estructura interna y de organización de la campaña electoral, puesto que varios de los imputados para los que se pide la expulsión inmediata son presidentes de distrito, encargados de la organización y movilización de afiliados y simpatizantes.

El PP nacional debe decidir aún sobre la petición realizada este mismo martes por la presidenta regional del partido en la Comunidad, Isabel Bonig, para que Génova expulse del partido a nueve de los 10 concejales del Ayuntamiento de Valencia por la imputación respecto a un presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Bonig dio un plazo a los nueve ediles para que dejaran el acta, tal como había acordado con ellos que harían si levantado el secreto de sumario continuaban imputados, pero éstos se han negado. Permanecen suspendidos cautelarmente de militancia, y mantienen el acta adscritos al grupo popular en el Consistorio, como independientes.

Ante el incumplimiento del acuerdo, la líder regional ha instado a Génova a expulsar a los ediles por desobediencia y ha remitido un informe al Comité de Derechos y Garantías del PP, pidiendo que se aplique el artículo 13.1 de los estatutos, que considera falta grave la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanan de los órganos de gobierno y representación del partido.

El asunto no se queda tan sólo en la expulsión o no de los ediles, sino que se agrava por el hecho de que varios de ellos tienen cargos orgánicos en diferentes distritos de la ciudad, donde han organizado y movilizado siempre a los afiliados y simpatizantes para la celebración de actos y asistencia como interventores en los numerosos colegios electorales.

Boing no quiere «marcar el ritmo del partido con las cuestiones procesales y judiciales», pero los distritos están cada vez más revueltos y si se convocan nuevas elecciones «la situación es de confusión y caos», aseguran fuentes de los distritos del PP de Valencia.

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