Bruselas amonestó a Sánchez por gastar tanto como Orbán en propaganda institucional

Un informe elaborado por tres consultoras y con el sello de la Comisión Europea retrata al Gobierno de Pedro Sánchez y su desmedido gasto en publicidad institucional y propaganda. Un gasto que ha roto todos los récords pasando de 66 millones de euros en 2020 a 146 en 2023, niveles que llevan a la UE a equipararle a la Hungría de Viktor Orbán. Y todo mientras el Gobierno anuncia un desembolso de otros 100 millones de euros para «digitalizar medios», mientras critica que PP y Vox intentan «comprar líneas editoriales» y traza un plan para censurar a medios críticos.

En un contexto donde el Gobierno de Pedro Sánchez intensifica su ofensiva contra los medios de comunicación críticos, con una ley en ciernes para controlar a las cabeceras incómodas para Moncloa, la Unión Europea ha emitido una serie de advertencias sobre la estrategia del Gobierno socialista de inyectar grandes sumas de dinero público en diarios, radios y televisiones.

El aumento del gasto en publicidad gubernamental en España ha sido, de hecho, comparado con las prácticas de control mediático de Hungría bajo Viktor Orbán y de Polonia. Así figuran en un estudio encargado por la Comisión Europea a tres consultoras – Hennigsen Consulting, Technopolis Group y Delange Analytics -, que han sacado a la luz datos que ponen en entredicho las prácticas del Ejecutivo español.

El análisis, que se ha plasmado en un informe de 165 páginas publicado el pasado mes de mayo, evalúa cómo los gobiernos de la UE financian a los medios públicos y privados con fondos estatales.

La Hungría de Orbán

En lo que respecta a la «publicidad del Estado», el informe señala a España como uno de los países que ha incrementado notablemente su gasto en este ámbito. Según el documento, «los datos de España muestran un aumento significativo de los gastos: entre 2020 y 2021, la inversión estatal (a nivel nacional) casi se duplicó, pasando de 66 millones de euros en 2020 a 123 millones de euros en 2021. Este incremento continuó, alcanzando los 146 millones en 2023».

La Unión Europea ha establecido comparaciones con los desembolsos del Gobierno de Sánchez y los de países como Hungría y Polonia, que han sido criticados abiertamente por el propio Ejecutivo socialista. En Hungría, el informe indica que «en 2021, el Estado invirtió en publicidad un total de 344 millones, lo que representa aproximadamente un tercio del mercado total de anunciantes, con la prensa escrita siendo especialmente dependiente de estos recursos». En Polonia, el estudio destaca que «13 de las mayores empresas públicas gastaron más de 40 millones en publicidad en cadenas privadas de televisión en solo 9 meses».

Comprar «líneas editoriales»

El informe advierte sobre los riesgos asociados a estos grandes desembolsos en medios por parte de los Estados, señalando que «pueden ser una fuente problemática de ingresos». Inicialmente, las entidades gubernamentales y las empresas públicas compran espacios en los medios para difundir campañas, publicitar servicios, generar avisos o cambiar comportamientos y actitudes. Sin embargo, el informe también subraya que «la publicidad puede ser utilizada como herramienta para ganar influencia sobre la línea editorial, o como mecanismo de recompensa a los medios por apoyar las tesis gubernamentales».

Además, el documento refleja los resultados de otro informe elaborado por el Centro para el Pluralismo Mediático y la Libertad de Prensa, que expresa preocupación sobre la transparencia y la equidad de la publicidad estatal en Europa. El informe destaca que «la falta de transparencia» en este tipo de inversión publicitaria «persiste como uno de los problemas más comunes en los países de la UE».

Los 100 millones de Sánchez

Sánchez dejó intuir el miércoles en el Congreso su plan para la «regeneración democrática», aunque sin dar apenas detalles. En plena investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Sánchez enarboló un discurso de tintes dramáticos para revestir ese plan, alertando, por ejemplo, que «la democracia tenía viejos enemigos, pero con nuevas herramientas que cuestionaban la realidad con los bulos», que «intoxicaban el debate público para socavar la convivencia y polarizar la sociedad». Un discurso grandilocuente para no concretar medida alguna.

En este contexto, Sánchez denunció que «cada día se producían en nuestro país miles de bulos, que acababan distorsionando de manera severa la comprensión que teníamos del mundo» y que «esos bulos habían hecho que la gente creyera que la economía iba mal o que okupan su casa».

Sin embargo, apenas dio detalles y se remitió al reglamento sobre los medios de comunicación de la Unión Europea para avanzar nuevas medidas «de transparencia» que permitieran que los ciudadanos «conocieran la propiedad de esos medios, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados».

Limitar el dinero público

Sánchez avanzó así su intención de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no hubiera medios que tuvieran más financiadores públicos que lectores y que no hubiera partidos políticos que compraran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes».

Al tiempo que acusaba a la oposición de «comprar líneas editoriales», Sánchez anunció un «paquete de 100 millones para la digitalización de los medios». Iba destinado, dijo, a «crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoraran la productividad y calidad informativa y a reforzar la ciberseguridad». Y sería, aseguró, para «todos los medios que lo necesitaran con independencia de su línea editorial».