La fecha que lo cambia todo en la incapacidad permanente: lo confirma la Seguridad Social

La incapacidad permanente y la incapacidad temporal son dos conceptos clave dentro del sistema de seguridad social, pero con diferencias significativas en su duración y naturaleza. La incapacidad temporal (IT) se refiere a la situación en la que un trabajador no puede desempeñar sus actividades laborales habituales debido a una enfermedad o accidente, y durante este tiempo recibe asistencia sanitaria. Esta incapacidad es generalmente transitoria, esperando una recuperación que permita al trabajador reincorporarse a su puesto. Por otro lado, la incapacidad permanente implica una situación más grave, donde el trabajador se ve incapacitado para realizar todas o las principales tareas de su profesión de manera indefinida. Y sobre esta última existe algo ahora que lo cambia todo.

En España, el tránsito de una incapacidad temporal a una permanente está estrictamente regulado por la Seguridad Social. Por datos, las bajas han aumentado en nuestro país ya que en 2023 se produjeron más de 8 millones de bajas por enfermedades temporales, mientras que este año se ha experimentado un incremento del 13%.  Por otro lado, dependiendo de cada caso es posible que una baja que es temporal se convierta en algo permanente, por lo que es importante saber cuánto tiempo debe transcurrir para que una baja temporal se convierta en una incapacidad permanente. La Seguridad Social establece tiempos y condiciones específicas para este proceso, y es crucial entender estos detalles para gestionar adecuadamente los casos de incapacidad, algo que te explicamos al detalle a continuación de modo que sepas si tu baja puede acabar siendo permanente y qué proceso se sigue para evaluar las bajas o enfermedades.

La fecha que lo cambia todo en la incapacidad permanente

Actualmente, para que un trabajador pueda acceder a una baja temporal por enfermedad común, debe haber cotizado al menos seis meses en los últimos cinco años. En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, este requisito no aplica. La duración máxima de la prestación por incapacidad temporal es de 365 días, con la posibilidad de una prórroga de 180 días adicionales si se espera una curación.

Durante este periodo de hasta 18 meses, es crucial que el trabajador cumpla con todas las indicaciones médicas y participe en los controles necesarios. El objetivo es que, al finalizar este plazo, el trabajador pueda reincorporarse a su puesto de trabajo o se evalúe la posibilidad de pasar a una incapacidad permanente. Es importante destacar que la incapacidad temporal finaliza en varios supuestos: por alcanzar el plazo máximo, recibir el alta médica, convertirse en pensionista, no presentarse a los reconocimientos médicos, o en casos de embarazo, hasta la semana del parto.

Evaluación y solicitud de incapacidad permanente

Una vez agotado el periodo máximo de incapacidad temporal, el proceso para determinar una incapacidad permanente puede iniciarse de varias formas. La Seguridad Social puede otorgar esta incapacidad de oficio, a solicitud de la Inspección de Trabajo, a petición del Servicio Público de Salud con el consentimiento del interesado, o a requerimiento de las mutuas colaboradoras, aportando el alta médica. Además, el trabajador puede solicitar la evaluación de su incapacidad permanente de manera directa.

El procedimiento para evaluar la incapacidad permanente consta de tres fases. Primero, se realiza una evaluación médica por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En segundo lugar, se valora la incapacidad del trabajador para desempeñar sus tareas profesionales. Finalmente, se comunica y resuelve el grado de incapacidad permanente, informando al trabajador de su situación y los beneficios a los que tiene derecho.

Grados de incapacidad permanente

Existen diferentes grados de incapacidad permanente que determinan el nivel de apoyo que recibirá el trabajador. Estos grados incluyen la incapacidad permanente parcial, que reduce la capacidad de trabajo en al menos un 33% pero permite seguir desempeñando la actividad profesional; la incapacidad permanente total, que incapacita al trabajador para su profesión habitual pero le permite realizar otras actividades; la incapacidad permanente absoluta, que impide al trabajador realizar cualquier tipo de actividad laboral; y la gran invalidez, que requiere asistencia para las actividades más básicas de la vida diaria.

Cada uno de estos grados tiene implicaciones diferentes en términos de prestaciones y apoyo económico. La evaluación cuidadosa y precisa del grado de incapacidad es crucial para asegurar que el trabajador reciba el apoyo adecuado para su situación específica.

En conclusión, la gestión de la incapacidad temporal y permanente es un aspecto vital del sistema de Seguridad Social en España. Con un número creciente de casos en el último año, es esencial que tanto los trabajadores como los empleadores comprendan los requisitos, procesos y derechos asociados a estas situaciones. La Seguridad Social establece directrices claras para asegurar que los trabajadores incapacitados reciban el apoyo necesario, ya sea a través de prestaciones temporales o evaluaciones para una incapacidad permanente. Entender estos procesos puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida y la estabilidad económica de los trabajadores afectados.