Bildu ya negocia con Sánchez modificar la ley que exige que los etarras pidan perdón a sus víctimas

Bildu y las redes de presos de ETA tienen un grave problema en su camino a la excarcelación de todos los terroristas que aún cumplen condena: la Ley Orgánica 7/2003, que establece las medidas de excepción penitenciaria para presos de la banda. La que utiliza la Audiencia Nacional para las revocaciones del tercer grado y régimen de semilibertad concedidos por el Ejecutivo vasco. Bildu ha iniciado con el Gobierno conversaciones discretas de cara a modificar esta ley, flexibilizándola para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas o a la colaboración -inexistente- con la justicia para resolver atentados sin autoría conocida. Un proceso a cuatro años vista.

Nunca antes hubo menos presos de ETA en las cárceles. Ni nunca tuvieron tan cerca la calle como ahora, gracias al modelo de reinserción por «arraigo» que aplica el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que premia la pertenencia a la «comunidad» vasca del preso frente a otras cuestiones. La petición expresa de perdón a las víctimas o la colaboración con la justicia han pasado a ocupar lugares intrascendentes en el cómputo de condena de los terroristas. Pero aún siguen vigentes para la Audiencia Nacional, que sigue devolviendo a prisión a los etarras que pone en libertad el País Vasco. Ya van 8 y se estudian otros 10 casos.

El problema, admiten sin ambages en el entorno proetarra, es la ley. Concretamente, la Ley de «medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». La 7/2003 que incluye en su articulado un mecanismo legal para evitar que los presos de ETA salgan a la calle anticipadamente sin cumplir una serie de requisitos: satisfacer la responsabilidad civil por sus atentados -pago de multas e indemnizaciones-, pedir perdón expresamente a las víctimas y ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometieron atentados y no pagaron por ello.

Así lo admitía el fiscal coordinador de delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, en una reciente conferencia en Vitoria de la que se hizo eco OKDIARIO: «Tengo que decir, como dice un compañero mío encargado de los crímenes sin resolver, que de colaboración con las autoridades para desentrañar crímenes sin resolver… de eso no hay nada. Voy a hacer ahora en diciembre 17 años en la Audiencia Nacional y no lo he visto nunca».

«Anacrónica»

Bildu, admiten fuentes próximas a la formación, sabe que, con la legislación actual en la mano, los presos de ETA que quieran salir tras haber cumplido la mitad de su condena lo tienen muy difícil. Por no decir imposible. Por ello, ya se ha abierto «una conversación con el Gobierno sobre la posibilidad de modificar la ley de excepción penitenciaria, que es anacrónica, para adaptarla a la situación actual», aseguran desde el entorno de Bildu. La formación que dirige Arnaldo Otegi ha trasladado al Ejecutivo socialista su queja por la aplicación de «una ley de hace dos décadas que se diseñó cuando ETA estaba activa y que, hoy por hoy, no tiene sentido», argumentan.

Pero cambiarla, pese a que Bildu tiene línea preferencial con el PSOE, no será «ni fácil ni rápido». Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación implica pasar por el Congreso de los Diputados y obtener respaldo de mayoría simple. El plan de reformular la 7/2003, por tanto, queda fuera de esta legislatura, pero será asunto pendiente para la próxima con el compromiso del PSOE. Los ecos de esta negociación también han llegado a oídos de las asociaciones de víctimas.

Lo más llamativo del asunto es que incluso Arnaldo Otegi hizo referencia a ello el día que desveló sus cartas en referencia al futuro de los presos de ETA. Fue el 20 de octubre de 2021, el día en que Otegi se presentó en el Palacio de Ayete para mostrar su pesar por el daño provocado por ETA. Horas después, Otegi había cambiado de auditorio y, ante su gente y sin saber que había prensa entre los presentes, admitió su hoja de ruta: «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos».

Pero en aquellas declaraciones de Otegi se dieron más pistas del camino a seguir, que pasaba por «obligar al Gobierno a cambiar las leyes». Un proceso que denominó «la madre de todas las batallas». Y estableció un plazo: «Puede ocurrir en seis años». Es decir, en una hipotética nueva legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Insistió Otegi: «La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», apuntó.

Colaborar

Es precisamente esa Ley 7/2003, de «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», la que centra los esfuerzos de Bildu y la que representa el último obstáculo infranqueable para los terroristas presos. La única herramienta que les queda a la Fiscalía y la Audiencia Nacional para evitar el coladero en el que se ha convertido la política penitenciaria vasca, en el que el arrepentimiento se escenifica en cartas con párrafos copiados y la reinserción en informes terapéuticos que los jueces consideran prácticamente «de parte».

La clave del asunto está en el artículo 90 de esa Ley que ahora Bildu busca reformular. «Se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», explica la actual redacción.

Además, también se especifica que para que el preso etarra pueda acceder al tercer grado se requiere «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito».

El planteamiento de Bildu sobre esta ley «anacrónica», como la definen en el entorno proetarra, pasa por incluir en el texto una distinción entre grupos terroristas «en activo y extinguidos». Es decir, que no se aplique la política de excepción a aquellos terroristas de asociaciones criminales que se hayan disuelto.