La Audiencia se harta: revela que «nunca» un etarra beneficiado por Sánchez ha cooperado con la Justicia

Carlos Bautista, fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el mismo que firma los escritos de oposición a la puesta en libertad de etarras con el tercer grado, no puede ser más explícito al exponer las razones por las que se recurren el 70% de las excarcelaciones: «Voy a hacer, ahora en diciembre, 17 años en la Audiencia Nacional y no he visto nunca que un etarra colabore» para resolver alguno de los 379 asesinatos sin autoría. Un requisito legal, explica, esencial para obtener beneficios como los que están recibiendo los presos de las cárceles vascas, a los que acercó el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo afirma en una mesa de debate en la que también estaba presente el padre del modelo penitenciario vasco, Jaime Tapia.

Un torpedo a la línea de flotación del relato gubernamental sobre los traslados y concesiones de tercer grado. Una política que inició Moncloa, con los acercamientos y la cesión de competencias de prisiones al País Vasco, y cuya última etapa, la de la puesta en libertad, ejecuta el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu. Lo más significativo de este dardo es precisamente de quién viene viene: la autoridad judicial que está tumbando esos beneficios y excarcelaciones. Hasta ahora, del total de 25 etarras puestos en libertad, ocho han vuelto a la cárcel y se estudian otros diez casos para devolverlos a prisión.

El fiscal Bautista ha participado en unas jornadas organizadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Vitoria. Bajo el título La justicia y el relato de las víctimas como herramientas para deslegitimizar y no blanquear el terrorismo. Entre los conferenciantes se encontraban la presidenta de la AVT, Maite Araluce; el presidente de APAVT, Miguel Folguera, o el asesor principal de Urkullu en materia penitenciaria, el citado Jaime Tapia.

El fiscal advierte durante su intervención, en relación a los procesos para devolver a prisión a etarras, que la ley actual lo ampara sin lugar a dudas. «Lo importante lo estableció la ley del año 2003 (Ley 7/2003), en el Código Penal, en el artículo 72.5 para la progresión al tercer grado. Hacía referencia a [el requisito de] signos inequívocos de haber abandonado fines y medios terroristas y colaborado activamente con las autoridades. Tengo que decir, como dice un compañero mío encargado de los crímenes sin resolver, que de colaboración con las autoridades para desentrañar crímenes sin resolver… de eso no hay nada».

«Voy a hacer ahora en diciembre 17 años en la Audiencia Nacional y no lo he visto nunca», sentencia Bautista.

Vía Nanclares

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria apunta una excepción: los presos de ETA de la llamada Vía Nanclares, «a esos se les exigió, se les pidió, y en gran parte colaboraron a desentrañar crímenes». «Ahora no lo veo», insiste.

Se refiere a aquel reducido grupo de terroristas que renegaban explícitamente de su paso por la banda. ETA los señalaba como traidores, con lo que ello significa. Además, el colectivo de presos dejaba de ayudar económicamente a sus familias. A cambio, eran trasladados a un módulo especial en la prisión de Nanclares de Oca (Logroño), donde se les facilitaba su reinserción y se clarificaba su horizonte penal.

Los presos que se acogieron a esta iniciativa del Gobierno estaban obligados a cumplir ciertas circunstancias: alejarse del entorno de ETA, aceptar la política penitenciaria, abandonar la militancia en el colectivo de presos (el EPPK) y renunciar públicamente a la banda. Además, debían pedir perdón explícitamente a las víctimas (y no de forma genérica como en la actualidad), pagar toda su responsabilidad civil -la multa impuesta junto a su condena- y, sobre todo, colaborar con las autoridades, la Policía y la Audiencia Nacional en investigaciones en marcha sobre atentados. Esta última era la verdadera clave y lo que realmente sacaba a la dirección de ETA de sus casillas.

Sin datos

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, 203 etarras han sido trasladados a otras cárceles, 172 al País Vasco y Navarra. De ellos, 98 presos tenían delitos de sangre. En concreto, un sanguinario historial de 217 atentados y 298 víctimas. A punto de culminar el proceso de acercamiento a las cárceles vascas y navarras, como le exige Bildu, el Ministerio del Interior admite por escrito, a preguntas de OKDIARIO, que no sabe cuántos de estos etarras han colaborado con la Justicia para verse beneficiados con un traslado.

Llegar a las cárceles del País Vasco supone un avance definitivo para los condenados terroristas. Tras asumir de manos de Sánchez la competencia en Prisiones -en octubre del año pasado-, el Gobierno de Iñigo Urkullu manifestó su intención de facilitar la reinserción de estos presos y en estos meses ya ha favorecido varias excarcelaciones. Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se ha concedido la medida de semilibertad al menos a 29 presos de ETA. La Audiencia Nacional ya ha revocado varios de esos beneficios.

Pese a que las víctimas han reclamado que se exijan condiciones para favorecer los traslados, el Ministerio del Interior demuestra su manga ancha para atender las peticiones de Bildu, legitimado ya como socio preferente de Sánchez.