«¡Basta ya!» del PP vasco: rechaza acoger más menas mientras Génova negocia en secreto con el Gobierno

El PP vasco, por medio de su representación en las Juntas Generales de Vizcaya, ha exigido no acoger más menores extranjeros no acompañados (menas) porque el sistema actual «no está funcionando» y se encuentra «saturado». Así aparece recogido en una propuesta de resolución -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- que se sometió a debate y votación este miércoles en esta institución y que contó con el rechazo del PNV y del Partido Socialista de Euskadi (PSE), los dos partidos que forman parte del Gobierno vasco. Mientras tanto, desde la dirección nacional del PP no cierran la puerta a la acogida de más menas. De hecho, esta postura llevó a Vox a salir de cinco gobiernos autonómicos de coalición al no compartirla.

Entretanto, Génova, a través de su extensión en el Grupo Parlamentario del Congreso, sigue manteniendo reuniones en secreto con el Gobierno de Pedro Sánchez -no se informa a la prensa bajo el pretexto de la «necesaria discreción»- a fin de llegar a un acuerdo a partir del pacto contra la inmigración irregular que el principal partido de la oposición firmó con el Ejecutivo de Canarias el pasado septiembre.

En concreto, la propuesta de resolución del PP vasco pretendía que las Juntas Generales de Vizcaya instasen a la Diputación Foral a «modificar el modelo de acogida de menores no acompañados para que sea total y efectiva, garantizando su integración plena en la sociedad de acogida». Junto a ello, el texto apostaba por «tomar las medidas necesarias para frenar la llegada de estos a nuestro territorio mientras no se pueda garantizar la acogida y atención plena».

En la justificación de esta iniciativa sobre los menas, el PP vasco subraya que «la realidad nos muestra que el sistema de acogida actual en Vizcaya de los menores no acompañados no está funcionando». «El sistema -prosiguen los populares- está saturado y no hay garantías de integración plena en estos momentos para estos niños. Por todo ello, urge modificar el protocolo de acogida y asegurar una atención plena con garantías absolutas», añaden.

En esta línea, el PP vasco recalca que «ante el desbordamiento del servicio, es imprescindible frenar la acogida provisional de nuevos menores hasta poder garantizar un servicio pleno», apostilla, a modo de basta ya.

Durante el debate en las Juntas de Vizcaya, la portavoz del Grupo Popular, Raquel González, incidió en que «lo más urgente es decir no a la nueva llegada de menores hasta que podamos garantizar que serán atendidos en condiciones óptimas y cumpliendo los objetivos de adaptación e integración total», según recogió Ep.

Un posicionamiento que dista de la propuesta que figura en el pacto migratorio firmado por Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y que supone el punto de partida de las negociaciones entre Génova y el Ejecutivo de Sánchez.

En ese acuerdo se apuesta por «garantizar, que en la modificación del art. 35 de la Ley de Extranjería, el Estado asuma el compromiso financiero para sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuya capacidad está sobrepasada (por encima del 100%), de manera que: hasta la capacidad del 100% (antes de la llegada masiva de marzo de 2020), los recursos ordinarios serán financiados por las comunidades; cuando la capacidad se exceda entre el 100% y el 150%, los recursos los financiará el Gobierno de España en su totalidad desde la llegada hasta la emancipación; y a partir del 150%, si la comunidad así lo demanda, los recursos los habilitará y financiará el Gobierno de España y los gestionará con lealtad institucional». Se añade aquí que esto se hará «procurando un reparto justo y proporcional por las distintas instalaciones de titularidad estatal distribuidas por el país».

Segunda reunión

El pasado lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se reunieron en Madrid en secreto para acercar posturas, si bien desde Génova señalan que «no hubo avances», que un eventual acuerdo «está lejos» y que «cuando haya algo que comunicar, lo comunicaremos». Se trata de la segunda reunión privada celebrada estos meses en la capital, sin informar a la prensa, que mantienen el PP nacional, el Gobierno central y el de Canarias, pues la anterior tuvo lugar el pasado 12 de agosto.

«El Gobierno tiene la pelota en su tejado y además la responsabilidad como Gobierno de afrontar una crisis migratoria que ya está alcanzando unas cotas importantes», declaró el martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un desayuno informativo. En estas semanas, los populares también han acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «boicotear» un posible acuerdo al «no querer dotar de recursos a las comunidades ante su situación límite».