Ayuso pone en marcha un plan de teletrabajo para 35.000 funcionarios de Madrid por el coronavirus

Fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. (Foto. EP)
Fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. (Foto. EP)

La Consejería de Hacienda y Función Pública ha elaborado una resolución para establecer el teletrabajo en los empleados públicos de la Administración regional de Madrid, excepto el sanitario y educativo, que afecta a un total de 35.000 personas y que tiene como objetivo reducir los contagios por coronavirus.

Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, se ha informado a CC.OO., CSIT, UGT y CSIF de esta decisión, que implica ampliar la capacidad de las herramientas colaborativas como videoconferencias, chats o entornos para compartir documentación, así como el acceso seguro a la documentación en la nube y el mal corporativo ‘en remoto’.

Se ha determinado que será la secretaría general técnica de cada Consejería, con el visto bueno del titular del centro directivo, la que determinará cómo se va a implementar el teletrabajo entre las plantillas a su cargo, aunque primará en todo momento la continuidad del servicio de la unidad organizativa.

Asimismo, serán ellos quienes decidan cuándo se debe requerir la presencia física por prestar un servicio esencial. En este sentido, se han identificado a 1.500 técnicos de la Administración regional que cubren críticos o esenciales de la Comunidad de Madrid a los que se ha dotado del equipo necesario para desempeñar sus funciones sin necesidad de acudir al centro de trabajo.

Para ello se les ha facilitado un ordenador portátil, teléfono móvil, acceso por conexión remota a la red corporativa o acceso en remoto al puesto de la sede corporativa, herramientas colaborativas y asistencia técnica.

Esta es una de las medidas tomadas este viernes en Consejo de Gobierno para hacer frente a la progresión del Covid-19, que estarán vigentes –en principio- hasta el 26 de marzo, entre las que figuran también el cierre de los establecimientos y comercios, excepto alimentación y primera necesidad; el cese de la actividad de restaurantes y bares –excepto a domicilio– y el fin, de manera temporal, de la actividad de las oficinas de información presencial, registros y atención al ciudadano.

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