La Audiencia Nacional recula y rechaza ahora paralizar el campamento para los invasores en el Puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha rechazado este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida destinado a 1.700 invasores en el puerto de Ceuta. La organización sindical había acudido a los tribunales para tratar de frenar la habilitación de estas instalaciones, alegando motivos relacionados con las «condiciones de seguridad» en las que tendrían que desarrollar su labor los agentes destinados a la zona.

El tribunal había acordado este miércoles suspender de forma provisional la habilitación de las instalaciones mientras estudiaba la petición planteada por el SUP. Esta decisión permitió mantener en suspenso la puesta en marcha del dispositivo durante unas horas, a la espera de que la Sala se pronunciara sobre la medida cautelarísima reclamada por el sindicato.

Finalmente, la Audiencia Nacional ha decidido desestimar la solicitud del SUP y no mantener la suspensión de las actuaciones previstas para habilitar el campamento. Según recoge el auto, corresponde al Ministerio del Interior establecer las condiciones concretas en las que deberá desarrollarse el dispositivo, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad de los agentes de la Policía Nacional y de las propias personas migrantes que sean trasladadas o atendidas en las instalaciones.

El tribunal considera, de este modo, que los argumentos planteados por el sindicato no justifican la adopción de una medida cautelarísima en este momento. La resolución centra la cuestión en las condiciones de seguridad que deberán establecerse mediante las correspondientes disposiciones administrativas y en las medidas que adopte Interior para garantizar tanto la protección de los funcionarios como la atención de los inmigrantes ilegales.

Por su parte, el Gobierno ya celebra la «rapidez» con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso que impedía llevar a cabo el alojamiento de los más de 1.700 ilegales que permanecen en las calles de Ceuta. «Reiteramos que los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo», aseguran.

Los riesgos que citó el sindicato

La portavoz del SUP, Ana Alarcón, ha explicado que temen que puedan producirse «incendios y alteraciones del orden público junto a infraestructuras críticas». Alarcón también señala que no les llegó nada que justificase que el campamento «tenga que estar ahí», y ha recordado que la zona portuaria acoge instalaciones energéticas y áreas restringidas, además del tránsito habitual de personas y mercancías.

La portavoz sindical cita entre los riesgos posibles incendios, evacuaciones y alteraciones del orden público, «como ya se han venido produciendo en los lugares donde se concentran los inmigrantes». Ha recordado que se han producido peleas, reyertas y también agresiones tanto a mujeres como a militares, policías y guardias civiles», además de intentos de subir a un ferry con destino a la península.

Por otra parte, Alarcón califica de «increíble» y «de mal gusto» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablara el martes en el Senado de «inseguridad subjetiva» en Ceuta, cuando él mismo reconoció que allí se «sentiría subjetivamente inseguro».

El cariz que ha tomado la situación en Ceuta desde el asalto masivo del pasado 30 y 31 de julio, cuando llegaron a la ciudad autónoma miles de ilegales, ha ido complicando la gestión gubernamental semana tras semana. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha elevado este miércoles a 4.160 la cifra de inmigrantes acogidos en la ciudad, de los que 1.917 tienen ya expedientes tramitados de cara a una posible expulsión, aunque habrá que valorar si pueden acogerse al derecho de asilo.