Una asociación proetarra firma el informe con 4.113 supuestos casos de tortura que avala Urkullu

La asociación ‘Jaiki Hadi’ -vinculada al entorno de ETA y algunos de cuyos integrantes están acusados en la causa del ‘frente de cárceles’ de la banda terrorista- está detrás del polémico informe presentado por el Gobierno vasco en el que se denuncian 4.113 supuestos casos de tortura por parte de funcionarios públicos policiales en las últimas cuatro décadas.

El informe ha provocado una fuerte reacción entre la oposición y asociaciones de víctimas del terrorismo por difundir la idea de una «tortura generalizada» en base únicamente a los testimonios de los presuntos torturados y obviando que solo existieron condenas en una veintena de casos.

El trabajo ‘Proyecto de investigación de la tortura y los malos tratos’ ha sido elaborado en los últimos tres años por el Instituto Vasco de Criminología, por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco.

Es en su versión de 2016, borrador del informe definitivo, donde aparece la mencionada asociación, encargada -junto a otras como Ekimen, OME, ARGITUZ o GAC- de analizar 200 casos de supuestas torturas bajo el denominado ‘protocolo de Estambul’, un sistema reglado para documentar la credibilidad de los denunciantes.  Sus conclusiones constituyen así la base en la que los autores sustentan la supuesta credibilidad del documento final.

El trabajo de la asociación consistió, se explica, en realizar un «análisis de credibilidad y verosimilitud» de 202 alegaciones de malos tratos o torturas en base a los estándares internacionales, tras lo que concluyeron que «los resultados presentados indican que la tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados y que las medidas de prevención de la tortura son deficientes e ineficaces».

«En suma, a juicio de los expertos forenses y aplicando todas las salvaguardas y medidas que requiere el protocolo, se considera que 197 de estas 202 personas han hecho un relato cierto y sustancialmente veraz», añadían los autores.

‘Jaiki Hadi’ es un colectivo que agrupa a médicos y psicólogos encargados de la atención a personas reclusas, en especial a los presos de ETA. Dos de sus miembros fueron procesados por la Audiencia Nacional por pertenencia o colaboración con la organización terrorista, en el marco de la causa contra el ‘frente de cárceles’, aún pendiente de juicio.

Detrás de la excarcelación de Bolinaga

Entre otros, la asociación está detrás de las presiones para la excarcelación de Bolinaga y llegó a denunciar a la médico forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, por el informe en el que sostenía que el cáncer que padecía el etarra podía tratarse en prisión. La Fiscalía se basó en ese informe para oponerse a la libertad condicional de Bolinaga, que finalmente le fue otorgada por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, atendiendo a otros informes médicos.

El informe del Gobierno vasco ha levantado ampollas entre los grupos de la oposición. El PSE, socio de coalición de Urkullu, se ha desmarcado en una nota en la que califica de «error» entender que «medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinatos y 3.400 torturados». Los socialistas recuerdan que el trabajo fue encargado en la anterior legislatura por el Gobierno vasco y no tiene su apoyo «ni como partido ni como Gobierno» al considerar que extiende la «falsa idea de una tortura generalizada».

El informe, que fue presentado este lunes en San Sebastián, se basa en medio millar de testimonios y en 4.113 presuntas denuncias por torturas o malos tratos, que afectarían a 3.541 personas, porque algunas personas habrían presentado más de una denuncia.

En su presentación, los autores consideraron que las prácticas podrían haber afectado a más casos, sobre todo durante el Franquismo, y explicaron que los malos tratos descendieron desde los 90 hasta la actualidad, cuando no se cuenta ni un solo caso.

La mayoría de las denuncias analizadas estarían dirigidas contra actuaciones de la Guardia Civil, algo más de 1.500, la Policía Nacional, 1.200 casos, y en menor medida, cerca de 400 contra la Ertzaintza. Las sentencias acabaron condenando a 49 funcionarios por los malos tratos contra 31 víctimas.