Aragón reta a Sánchez a llevar la derogación de la Ley de Memoria al Constitucional: «Se acaba el plazo»

Aragón se niega a aceptar el juego electoralista de Sánchez sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática, por lo que no asistirá a la reunión bilateral solicitada por el Gobierno de España ante una posible negociación jurídica en la comunidad para volver a dar vigencia a la ley derogada, tal y como proponen desde Moncloa.

Fuentes consultadas por OKDIARIO sostienen que Aragón no tiene ninguna fecha límite para dar una respuesta al Gobierno de España sobre si asistirá o no a la bilateral, y que es precisamente el Gobierno de España quien se habría marcado internamente un tiempo de espera para obtener una respuesta por parte de la comunidad, ya que a quien se le acaba el plazo para presentar un recurso de constitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática es a Sánchez.

Es decir, el único plazo real jurídico que existe es el próximo 29 de mayo, la fecha límite para poder poner un recurso de inconstitucionalidad, al haber transcurrido casi los tres meses desde la derogación de la ley. Por lo que mismas fuentes consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez lo único que está haciendo es intentar avivar la polémica a fin de agitar nuevamente los bandos guerracivilistas superados en la Transición como una estratagema política.

Aragón no irá a la bilateral

A este tenor, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, insiste que lo que pretende Sánchez con la polémica sobre la ley de Memoria Democrática es «puro juego electoralista» y una «política partidista».

Este es el motivo por el que el Gobierno de Aragón se negó desde el principio a participar en la reunión bilateral sobre este asunto, tal y como han repetido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, desde que éste amenazara el primero de abril (coincidiendo con el aniversario del final de la guerra civil) con recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las leyes aprobadas en las comunidades que han derogado este tipo de leyes autonómicas.

Cabe señalar además que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia pese a la repetición insistente de este argumento por parte del Gobierno de España (confundiendo el proceder de otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana). Una confusión que incluso sostuvo en su informe la ONU, motivo por el cual Azcón remitió directamente una carta, sin precedentes, al secretario general de la ONU, António Guterres, reprochándole que el informe de los tres relatores estaba «plagado de falsedades».

Además, Azcón en aquella carta enviada el pasado seis de mayo, denunciaba la falta de garantías jurídicas y democráticas en el proceder de dicha institución sin que hubiera dado audiencia «a una de las partes interesadas» antes de concluir parcialmente un veredicto.

Aragón, la bilateral y el TC

Desde el Gobierno de Aragón consideran incomprensible que el Gobierno de España pueda poner un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que sólo deroga la que existía, teniendo en cuenta además que otras comunidades autónomas no tienen una ley autonómica de memoria democrática específica.

Por lo que el Gobierno de Aragón tendría serias dudas del recorrido jurídico de dicho recurso, aunque no dudan que Moncloa sea capaz de interponerlo con el fin de continuar polarizando a la sociedad, como buscan, al fin y al cabo, esta legislación específica contraria al espíritu de la Transición, tal y como vienen denunciando PP y Vox desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para derogar otra Ley

En el caso de Aragón, al derogar la ley, la comunidad no queda desamparada en ese aspecto, sino que queda regulada directamente por la estatal, como pasa en otras regiones como Galicia, la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha, que no tienen leyes de memoria propias. Es decir, con la derogación de la ley, Aragón no invade ninguna competencia del Estado, puesto que además ha derogado una ley autonómica de competencia autonómica.

De la misma manera, desde el Ejecutivo aragonés cuestionan la actitud del Gobierno de España, puesto que la derogación de la ley se ha tramitado por medio de la voluntad parlamentaria que ha permitido con los votos de la mayoría (en este caso de PP y Vox) derogar la ley que aprobó la izquierda en 2018. En este aspecto, Azcón aseveró este lunes que defenderá «la autonomía de Aragón». Ahí queda eso.

En este sentido, Aragón fue la primera comunidad en derogar la Ley de Memoria Democrática autonómica, que aprobó el partido socialista liderado por el ex presidente Javier Lambán en el año 2018, con el apoyo del resto de la izquierda. De la misma manera que, gracias a la mayoría parlamentaria de PP y Vox en la comunidad, la ley fue derogada el pasado 15 de febrero, tal y como ambos partidos habían pactado en su famoso acuerdo de gobernabilidad.

El Plan de Concordia de Aragón

Sin embargo, esta decisión de derogación de la Ley de Memoria Democrática en las comunidades que gobierna actualmente PP y Vox está enloqueciendo al Gobierno de Pedro Sánchez, el cual amenazó en primer lugar con denunciar la situación ante la ONU, como así hizo.

Un hecho que tuvo como resultado, como decimos, el informe fake realizado por tres relatores de dicha organización que ha avivado aún más la discordia entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, puesto que dicho informe se realizó sin tener en cuenta la versión de la comunidad autónoma y afirmando una serie de «falsedades», cuya fuente fue única y directamente el Ejecutivo de Sánchez, algunas tan contrastables y tan fácilmente desmentibles como que Aragón había aprobado una supuesta ley de concordia.

Algo nada más lejos de la realidad, puesto que lo que está en ciernes de aprobar el Gobierno de Aragón es un Plan de Concordia (sin rango de ley), que tiene como objetivo honrar a todas las víctimas, incluyendo así mismo a las del terrorismo etarra. Es por eso que el Gobierno de Aragón enviará próximamente, tal y como afirmó en la carta dirigida al secretario general de la ONU, un informe a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas estas cuestiones.