Alfredo Prada se querellará contra Sánchez por injurias y calumnias en el debate de TVE

El ex consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada se querellará contra Pedro Sanchez por "faltar a la verdad" en el debate electoral de TVE y solicita una indemnización de 8.886.000 euros.

El ex consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, prepara una querella criminal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito continuado de injurias y calumnias durante el debate electoral emitido en Televisión Española.

Prada hace referencia al momento en el que Sánchez hace alusión a la moción de censura y asegura que ha prosperado "gracias a la unión de distintos partidos para poner fin a la corrupción". En su intervención pública el líder socialista dijo lo siguiente:

"La sede del PP en la calle Génova de Madrid es como el gran bazar de la corrupción. Uno iba a la primera planta, financiación irregular; segunda planta, enriquecimiento ilícito; tercera planta, sobres con dinero en B o sobresueldos; en la cuarta planta, coordinando la policía patriótica; y en la quinta planta la agencia Pasadena liderada por Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que con las mordidas lo que hacía era pagar los viajes de todos los dirigentes del Partido Popular. El PP tiene 12 ministros procesados por corrupción, 9 presidentes procesados o condenados por corrupción… Y Casado pone a Alfredo Prada vigilando la corrupción, que ha sido imputado por los ‘sobrecostes’ de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid con más de 100 millones de euros. Y ahí sigue, vigilando la corrupción". 

Sánchez miente

En su escrito el ex vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre recalca, en la querella que presentará el próximo lunes ante el Tribunal Supremo, que el presidente en funciones ha faltado a la verdad al "descontextualizar su situación y vincularle con personas o cargos condenados por corrupción, como si fuera su caso”. Explica que Sánchez ha vulnera su presunción de inocencia al compararle con personas que sí están condenas en sentencia firme, como es el caso del empresario Francisco Correa.

Además, Sánchez acusó al ex consejero popular de un presunto desfalco de 100 millones de euros por el Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, algo incierto porque la Audiencia Nacional no atribuye este delito a Prada. En la querella Prada explica que esa deuda fue generada después de su cese (el ex consejero de Justicia cesó el 25 de junio de 2008), cuando se decide no ejecutar finalmente el proyecto y la Comunidad se ve obligada a indemnizar a todos los arquitectos y empresas contratadas.

Sánchez ha reiterado en varios mítines celebrados después del debate electoral estas falsas acusaciones contra Prada. Motivo por el cual el ex consejero le denuncia por un delito continuado de calumnias e injurias previstos y penados en los artículos 205, 206, 211 y 74 del Código Penal y 208, 209, 211 y 74 del mismo cuerpo, respectivamente.

Prada considera que se ha producido una vulneración del derecho al honor y, por tanto, solicita una indemnización de 8.886.000 euros, exactamente la misma cifra de espectadores que visualizaron el debate. TVE consiguió una cifra récord de audiencia situando al debate en el más visto de la historia en la televisión pública.

"Persecución política"

El ex consejero madrileño de Justicia también ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que solicita la nulidad de las actuaciones en la investigación del presunto desfalco del Campus de la Justicia, al considerar que es víctima de una "persecución política" por parte del magistrado José de la Mata y de la fiscal anticorrupción Myriam Segura. Además se plantea denunciar al titular de ese juzgado, José de la Mata, que instruye el caso, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "irregularidades e incumplimiento del ordenamiento jurídico", tal y como adelantó OKDIARIO.

En el documento menciona el concepto ‘lawfare’ (guerra jurídica) que, asegura, se cumple en el presente caso. El ex consejero del PP alega que fue imputado el 19 de marzo, ocho meses después de que se abriese la investigación en la Audiencia Nacional y un mes antes de las elecciones generales. El interés que se buscó, plantea, fue perjudicar al Partido Popular y a su líder Pablo Casado en los comicios.

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