Admitida la denuncia por prevaricación contra un cargo que ordenó tumbar «cruces de los caídos»
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera ha admitido la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos contra la decisión de derribar una de las «cruces de los caídos», la de esta localidad. La Asociación había planteado inicialmente su acción judicial contra el derribo de este monumento como querella, pero, por el momento, se admite como denuncia por prevaricación. La decisión implica que, a partir de ahora, se deberá analizar la legalidad de la decisión, eso sí, después de que la cruz ha sido ya derribada por calificarla de franquista.
La responsable del derribo es la alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Carmen Flores Jiménez, de Izquierda Unida. Ha tumbado la Cruz del Llanito de las Descalzas. Y lo ha hecho pese a que ella misma votó hace 40 años a favor de su resignificación en recuerdo de todas las víctimas de la Guerra Civil y no sólo de los caídos del bando franquista, tal y como ha publicado OKDIARIO. Aquella votación del Ayuntamiento celebrada ya en democracia, a primeros de los 80 y a cuyas actas ha tenido acceso este diario, hizo que en lugar de la lápida franquista de mármol se colocara otra placa más reducida como homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil, sin distinción de bandos.
Sin embargo, después de que esa placa fuera también retirada hace años, la alcaldesa comunista ordenó la demolición y destrucción de la Cruz en aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE. Y todo ello en medio de un fuerte rechazo vecinal. La regidora Carmen Flores, que ya era concejal del Partido Comunista (PCE) a finales del año 1979 tras las primeras elecciones municipales democráticas, ha actuado 40 años después en contra de su propio criterio. Ahora será la Justicia quien tenga que decidir si esa actuación es constitutiva de prevaricación.
«Cruces de los caídos»
Sea como sea, lo cierto es que el movimiento de destrucción de las «cruces de los caídos» viene auspiciado desde una instancia superior. El Gobierno ha ordenado incluir una explicación en los expedientes de aplicación de la Ley de Memoria Histórica: un párrafo en el que se aclara que las «cruces de los caídos», tengan o no tengan inscripciones en favor del franquismo, deben ser consideradas vestigios de la dictadura. Resultado: toda cruz construida en aquella época en honor a los «caídos» debe ser tumbada. Aunque nada en ella recuerde ya a Franco ni aunque se realicen inscripciones en la piedra para reseñar que la cruz rinde homenaje a los caídos de ambos bandos, tal y como ha publicado ya OKDIARIO.
La diana de la memoria histórica no descansa. El PSOE sigue buscando cruces «de los caídos» que demoler en plena pandemia. La prueba más evidente es, como ha publicado ya este diario, la última que el PSOE ha condenado a la destrucción: la de Brozas, un pequeño pueblo de Cáceres de 1.867 habitantes.
Pero, más allá de la decisión que afecta a esa cruz en concreto, el partido en el Gobierno ha armonizado criterios para contar con un efecto especialmente demoledor frente a las cruces. Y es que ha ordenado que los informes de evaluación de los monumentos que deben ser derribados incluyan una explicación. Una que explica que «aunque se haya borrado la inscripción original o modificado por otra que pretenda agrupar a todas las personas fallecidas en la guerra, no puede considerarse desvirtuada su naturaleza original».
«Ni lemas ni símbolos»
La anotación figura ya en los informes de la cruz de los caídos de Brozas, donde, efectivamente, esa cruz «no contiene ni lemas ni símbolos», como reconoce el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Esa explicación afectará a todas las cruces porque así lo ha exigido el Gobierno.
El último informe de la Diputación de Cáceres, bajo control del PSOE, deja constancia ya de este principio que sentencia de forma generalizada a estas cruces de los caídos. Porque, aunque se borre toda huella del más leve nombre que suene a franquista, la cruz debe ser derribada. «Las denominadas ‘Cruz de los caídos’, erigidas y financiadas por los ayuntamientos franquistas en muchas localidades, se consideran como uno de los elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial», apunta el informe de la Diputación.
El veredicto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, explica que «este tipo de vestigio fue erigido por la dictadura franquista con vocación monumental de exaltación de los vencedores de la guerra civil, en el que se acostumbraba a identificar los fallecidos del lado franquista y donde se realizaban homenajes a los caídos o dirigentes fascistas en fechas señaladas otros acontecimientos locales, festividades, desfiles militares o de las organizaciones del régimen: Falange, Asociaciones de Excombatientes franquistas, Frente de Juventudes, Sección Femenina…».
Conjunto monumental promovido
El informe oficial añade que «acorde con este significado, las acciones de retirada de estos elementos han constituido una de las acciones más consolidadas en la tarea de eliminación de la simbología afectada por la normativa memorialista. Se trata de un conjunto monumental promovido, proyectado y utilizado por la dictadura franquista con la finalidad exaltación de la sublevación militar y de la dictadura en el que perdura el elemento principal que define su naturaleza y significado (la cruz)».
Tras esa aclaración -y condena extensible a toda cruz de los caídos levantada bajo la dictadura de Franco-, el texto afirma que «aunque en algunos casos haya borrado la inscripción original o modificado por otra que pretende agrupar a todas las personas fallecidas en la guerra, no puede considerarse desvirtuada su naturaleza original, en cuanto permanece el elemento principal que definía y define la naturaleza del conjunto arquitectónico, esto es, la cruz erigida con un significado de exaltación de los que combatieron en favor de los que promovieron el golpe militar de 1936, por lo que se considera, a todos los efectos, un vestigio de la dictadura».
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