La abogada general del Estado defiende la primacía del catalán, el euskera y el gallego sobre el español

Consuelo Castro, la abogada general del Estado en el centro de la polémica por la purga de Edmundo Bal, abogado del ‘procés’ partidario de la acusación por rebelión, es una acérrima defensora de las lenguas co-oficiales y crítica con la  imposición dominante del español.

La jurista hizo esa reclamación durante uno de los discursos más importantes de su carrera, el que pronunció, en 2012, con motivo de su ingreso en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia, donde realizó una cerrada defensa de las lenguas autonómicas y criticó su persecución histórica, en favor del castellano. Una intervención en la que Castro compartía las tesis de los partidos nacionalistas.

«En nuestro país tenemos abundantes muestras de normativa discriminatoria en materia lingüística», señalaba en el discurso, remontándose a la expulsión de maestros que enseñaban a sus alumnos idiomas o dialectos que no fueran el castellano, las normativas sobre el uso preceptivo del español en la administración y la práctica judicial o, por ejemplo, un real decreto de 1926 que tipificó como delito «la negativa o resistencia a utilizar la lengua española». Castro rememoró también los años del régimen franquista y «la prohibición de emplear cualquier lengua distinta del castellano en el registro civil, rótulos, anuncios, proyección de películas, telegramas, nombres de barcos y, naturalmente, en la enseñanza y la Administración pública».

Los padres, sin derecho a elegir la lengua 

La abogada reflexionaba a continuación sobre el ‘deber de conocimiento’ de las lenguas propias, argumentando que el propio Tribunal Constitucional determina su enseñanza obligatoria. Una cuestión, admite Castro, que «genera controversias».

En este sentido, también en base a las sentencias de los tribunales, rechaza que exista un derecho de elección de los padres sobre la lengua de enseñanza de sus hijos «o, más bien, un derecho de exclusión que permita recibir la enseñanza en una sola de las lenguas oficiales a elección de los interesados».

«El castellano no puede ser privado de la condición de lengua vehicular en la enseñanza, pero sí puede serlo en una proporción inferior a otra lengua cooficial»

También despeja otro de los temas más polémicos, el de la lengua vehicular en las relaciones entre docentes y alumnos, concluyendo que otra sentencia del Constitucional establece «la legitimidad de emplear las lenguas oficiales distintas al castellano como lenguas vehiculares en la enseñanza».

«Hoy no se discute, por tanto, si es posible emplear cualquier lengua oficial como vehicular. Sino si cabe conferir a una lengua el carácter de única y obligatoria», se pregunta. En este sentido, cita la sentencia del TC contra el Estatuto de Cataluña y destaca que, si bien el Tribunal establece que el catalán «no puede convertirse en lengua vehicular única con exclusión del castellano, no aprecia ningún problema para que el catalán sea el centro de gravedad del modelo de bilingüismo». «En otras palabras, el castellano no puede ser privado de la condición de lengua vehicular en la enseñanza, pero sí puede serlo en una proporción inferior a otra lengua cooficial», añade.

«Deber de conocimiento» de los funcionarios

Castro cuestiona el «deber de conocimiento» que la Constitución establece para el español pero no para el resto de lenguas, y aboga por extenderlo. «La positivización del deber de conocimiento de una lengua tiene, a mí entender, una trascendencia indudable», señala.

Así, aboga por revisar las «obligaciones» para los ciudadanos en materia de conocimiento de las lenguas y se muestra partidaria de imponerlas en determinados ámbitos, como el de los funcionarios públicos.

Los funcionarios deben acreditar el conocimiento de las lenguas en los procedimientos de acceso a la función pública, opina

En este sentido, señala que ya que los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a los poderes públicos en cualquiera de las lenguas oficiales, los funcionarios deben corresponderles y «ese conocimiento debe acreditarse en los procedimientos de acceso a la función pública».

También es favorable a que ese deber se extienda a las entidades privadas que prestan servicios públicos a los ciudadanos a través de conciertos o concesiones de la Administración. «Es el caso de la enseñanza concertada, la sanidad concertada, las concesiones de transporte y tantos otros».

También los «sujetos privados»

«Finalmente -reflexiona Castro- respecto a los sujetos privados que actúan en el mercado cabe preguntarse si no se debería incluir entre los derechos de los consumidores y usuarios el de ser comprendidos cuando se expresen en una lengua oficial».

«Aún no existiendo un reconocimiento legal de ese derecho, podría calificarse de discriminatoria y por tanto ilegal la alegación de desconocer una lengua oficial esgrimida como justificación para denegar atención en un establecimiento abierto al público para vetar el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los consumidores y usuarios».

En otro momento, la abogada del Estado insta a abrir un debate sobre la imposición de las lenguas en el ámbito de las relaciones privadas. «Es una evidencia que las relaciones de índole económica y comercial inciden sobre el uso de las lenguas con una fuerza equiparable a la que tienen las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos», medita.

Y concluye afirmando que «una lengua no puede sobrevivir sin funciones relevantes de comunicación» y eso significa, considera, una mayor presencia en las actividades de los poderes públicos, las relaciones económicas y comerciales, la creación intelectual y, desde luego, los medios de comunicación.