765.522 personas se han contagiado desde que Sánchez bloquea la ley que permite confinar sin estado de alarma

El 28 de julio, el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una proposición de ley que permitiría agilizar la adopción de medidas contra el coronavirus. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 que, entre otras propuestas, facilitaría limitar la libre circulación sin tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno de Pedro Sánchez hizo oídos sordos a la propuesta, y la iniciativa permanece paralizada en el trámite parlamentario, pese a que el número de casos no ha dejado de crecer: desde entonces, 765.522 personas han contraído el Covid en España. 

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido a adoptar medidas legislativas que diesen una cobertura jurídica a las decisiones más severas frente al virus. La única vía planteada por el Ejecutivo es el estado de alarma, que se decretará de nuevo en el Consejo de Ministros que Sánchez ha convocado para este domingo. El Ejecutivo pondrá previsiblemente en marcha este instrumento jurídico después de que diez gobiernos regionales -siete de ellos del PSOE- hayan reclamado la medida para poner en marcha restricciones de movilidad. Especialmente, el toque de queda nocturno.

En su ofensiva política, el Gobierno ha retrasado la aplicación de medidas que resultarían urgentes dada la evolución del virus. Y se ha negado a facilitar un paraguas jurídico a las regiones para aplicarlas.

Durante semanas, el Ejecutivo ha negado gravedad a la pandemia. Incluso ha rechazado la segunda ola. En los últimos días, el mensaje ha tornado pesimista. El presidente Pedro Sánchez compareció este viernes en La Moncloa para dibujar un escenario sombrío. Calificó la situación de «grave» y avisó de que vienen meses «muy duros», pero incluso así renunció a tomar medidas y se limitó a apelar a la ciudadanía: «Disciplina social, máxima resistencia, espíritu de equipo y moral de victoria», reclamó.

Reforma ‘exprés’

En mayo, la propia Carmen Calvo anunció en el Senado la intención de acometer cambios legislativos para prescindir del estado de alarma, una vez expirase en junio.

A día de hoy, nada de sabe de esos cambios. En su lugar, desde el PP siempre han insistido con la puesta en marcha de una reforma para acometer medidas rápidas.

El llamado plan ‘B’ de Pablo Casado permitiría agilizar las iniciativas, actuando de manera inmediata ante los brotes, sin necesidad de recurrir al instrumento constitucional y a todo el embrollo parlamentario que supone.

En julio, el líder de la oposición ofreció a Pedro Sánchez negociar la reforma de manera inmediata, de manera que pudiese aprobarse de manera ‘exprés’ en el Parlamento, en un plazo de apenas 15 o 20 días. Por entonces, desde el Gobierno se afanaban en trasladar un mensaje de tranquilidad y se hablaba de un «escenario de control». 

En la propuesta, el PP plantea modificar el artículo tercero de la Ley  3/1986, de 14 de abril, de forma que se faculte a la autoridad sanitaria a «realizar las acciones preventivas generales» y «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato».

Esas medidas permiten, por ejemplo, el «sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

También se permitiría con la reforma «controlar y limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cuál podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas».

Una reforma ágil y sencilla para sortear el embrollo del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, siempre embarradas en el debate partidista. Con ella, se permitiría confinar determinadas zonas o limitar la movilidad con mayor rapidez y eficacia, siempre bajo la tutela de los tribunales.

Durante la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar a finales de julio en San Millán de la Cogolla (La Rioja), los barones del PP reclamaron a Sánchez, sin éxito, que facilitase los cambios legislativos necesarios para afrontar de forma rápida la expansión del virus. Apenas unos días después, el presidente socialista se fue de vacaciones durante tres semanas.