5.000 millones de gasto

La salida de ‘enchufados’ en la Junta equivaldrá a todo el presupuesto de Díaz para empleo

El compromiso de Partido Popular y Ciudadanos en el acuerdo para gobernar Andalucía de reducir a la mitad la 'Administración paralela' de la Junta supondrá un ahorro equivalente a todo el presupuesto de Susana Díaz para fomentar el empleo.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Juan Marín, vicepresidente.
Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (C's).
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2018 destinaban 2.183 millones de euros para las políticas de empleo y desarrollo económico. Se calcula que solo el gasto de personal de fundaciones, consorcios, agencias públicas y demás entes -hasta 300- asciende a 5.000 millones. Estos empleados no acceden a su puesto por oposición, como el caso de los funcionarios. Pese a las promesas, el Gobierno socialista nunca acabó de desmantelar esa estructura.

Ahora, PP y Ciudadanos se comprometen a acometer un programa ambicioso de ajuste, que supondrá un ahorro millonario a la Junta. Según el último informe de fiscalización conocido por parte de la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2016, estos organismos tienen una deuda de más de 4.460 millones. La plantilla supera los 23.000 trabajadores. 

Como primera paso, la Cámara de Cuentas auditará ahora todo el gasto de la Junta de Andalucía, lo que incluirá sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, «con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales».

Igualmente, se centralizará la dirección y control de los «organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras» de la Junta para eliminar aquellos que se consideren duplicados, innecesarios o que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción.

El pacto se compromete a garantizar la transparencia, acabar con los «incentivos al despilfarro» y con las «redes clientelares» en la contratación pública y a separar de la administración a cualquier cargo público que sea «imputado formalmente» por un delito de corrupción.

Además, se procederá a la reducción de los altos cargos, quienes deberán tener dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

El acuerdo incluye que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo.

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