El sablazo de Montero: usó el impuesto de Actos Jurídicos que ahora critica para gravar herencias

La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recurrió al impuesto de Actos Jurídicos Documentados -que el Gobierno ataca ahora en el caso de las hipotecas- para gravar la transmisión de las herencias, siendo consejera del ramo en la Junta de Andalucía.

La medida se adoptó en los últimos meses de Montero al frente de la consejería de Hacienda -fue nombrada en junio en el Ejecutivo de Pedro Sánchez- y gravó la adjudicación de herencias que antes no generaban derechos de cobro a favor de la Administración. Se trata de aquellas herencias en las que, por ejemplo, la casa familiar se la queda uno de los herederos, que a su vez compensa al resto de hermanos de forma proporcional y en metálico, un caso muy habitual, especialmente, entre las rentas más bajas.

«Pagar hasta un tercio de la herencia»

La medida fue criticada especialmente desde el PP, cuyo presidente en la región, Juanma Moreno, consideró que, con el cambio, algunos herederos «se ven obligados a pagar hasta un tercio del bien que reciben».

Moreno denunció «la falta de sensibilidad, la falta de planificación y la voracidad fiscal» de Montero en su gestión en Andalucía, al ser nombrada como ministra.

La ministra de Hacienda gobernó además con el impuesto de Actos Jurídicos en el tipo más alto de España, el 1,5%, ya que Andalucía aplica, junto a Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Murcia,  el porcentaje de gravamen más elevado.

Montero fue nombrada consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía el 9 de septiembre de 2013, y asumió, sin aparentes problemas, la subida del impuesto que el gobierno autonómico había aprobado unos meses antes. En concreto, en septiembre de 2012, cuando el Ejecutivo andaluz modificó, por la vía del decreto-ley, diversas normas con trascendencia tributaria. Entre ellas, elevar el tipo general para los actos jurídicos documentados al 1,5%. 

Gracias a ese tipo, la ahora ministra de Pedro Sánchez recaudó más de 1.600 millones de euros durante su etapa al frente de la Consejería de Hacienda (considerada la cifra total, no solo la referida a las hipotecas).

En concreto, en los primeros tres meses tras su llegada al cargo, la recaudación ascendió a casi 75 millones. En 2014, fue de 292 millones; de 320 millones en 2015; 340 en 2016; 389 en 2017 y 199 millones hasta junio de 2018, cuando fue nombrada para el Ejecutivo socialista.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados constituye una importante vía de recaudación para las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias de este tipo de tributos. No solo grava la firma de hipotecas, como es el caso más polémico de estos días, sino que se paga siempre que se suscribe un documento notarial con cuantía económica que luego se inscribe en el Registro.

Es, en concreto, uno de los tres impuestos que hay que pagar cuando se compra una vivienda, junto con el IVA y el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El gravamen varía considerablemente según las regiones: las comunidades que aplican un tipo del 1,5% son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia; con el 1,25% figura Castilla-La Mancha, y con el 1,2%, Asturias, Baleares y Extremadura. Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1 %, y por debajo de esta tasa, Madrid, con el 0,75% y Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco, el 0,50%.