Memoria histórica

El PSOE no exhumará a Franco hasta que el decreto no sea convalidado como ley por el Congreso

Francisco Franco
Pedro Sánchez y Francisco Franco.
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El PSOE no exhumará los restos del dictador Francisco Franco hasta no contar con respaldo de Ley. Sus servicios jurídicos han pedido calma, tal y como adelantó OKDIARIO, y el Gobierno ha escuchado. Por esa razón el presidente Pedro Sánchez esperará a contar con la tramitación parlamentaria e, incluso, intentar demostrar un ánimo de negociación con la familia, antes de proceder a sacar los restos mortales del dictador Franco del Valle de los Caídos.

Atrás han quedado los intentos mediáticos de exhumar vía decretazo y “antes de agosto” los restos de Franco. La familia del dictador dejó muy clara su negativa a aceptar esa fórmula e incluso pasó a advertir de que, en caso, de continuar por esa senda, Moncloa se podría enfrentar a una querella por profanación.

Y es que, desde el puro punto de vista jurídico, efectivamente, realizar un movimiento de restos mortales sin el permiso de la familia y, además, sin una norma de rango legal plenamente equiparable, podía convertir lo que el Gobierno planeaba como una exhumación en una profanación desde el más estricto punto de vista legal.

Los argumentos han sido muchos. Pero uno especialmente poderoso: el decreto debe demostrar legalmente el carácter de urgencia que justifica su existencia. Y, ¿cuál sería la defensa argumental para esgrimir esa urgencia en la exhumación de una tumba que lleva más de cuarenta años allí?

Expuesto este poderoso argumento, Moncloa ha optado ahora por blindarse frente a las reclamaciones judiciales de la familia. Y para ello, transformará el decreto de exhumación en un decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica con el objeto de añadirle los artículos que aludan a la exhumación del dictador.

Además, esperará a que sea convalidado por los grupos políticos en el Parlamento. De esa forma, el Ejecutivo pretende, en primer lugar, eludir la pregunta sobre la supuesta urgencia. Y, además, convertir la supuesta responsabilidad por el traslado de los restos en una responsabilidad compartida. Hay que tener en cuenta, además, que en caso de existir problemas jurídicos, los letrados de las Cortes deberán alertar de ello, con lo que, de nuevo, la supuesta responsabilidad se irá diluyendo, según plantean desde el Ejecutivo.

Por el camino y durante esa tramitación, el Gobierno pretende volver a abrir la vía de la negociación con la familia, de forma que el segundo y gran escollo se solvente: el de que los herederos ya han dicho que no comparten la exhumación, que se oponen a ella y que, además, no se harán cargo de los restos de Franco en caso de que se lo pida el Gobierno.

Moncloa quiere presentarse, de este modo, con una imagen más tranquila y negociadora y con un texto convalidado como ley por el Parlamento para proceder, con el apoyo de otras fuerzas políticas que sumen mayoría, a realizar la exhumación sin el problema de que fallos legales o jurídicos acaben convirtiendo su ansiado show mediático en un fracaso tumbado posteriormente por los tribunales.

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