El Gobierno solo dará 689 euros anuales a los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género

El Gobierno de Pedro Sánchez destinará únicamente 689 euros por municipio para los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

Así consta en el Real Decreto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las medidas, de las que ha presumido el Gobierno, distan sin embargo de ser suficientes para combatir esta lacra. Y las cifras, aunque superiores a las previstas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también.

El propio presidente, Pedro Sánchez, fue el encargado de explicar en la rueda de prensa posterior a esa reunión que, además de hacer efectiva una transferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra esta lacra, han puesto en marcha las reformas legislativas más urgentes para dar cumplimiento al citado Pacto.

De esa partida, 20 millones de euros serán para los ayuntamientos en 2018 y se duplicará en 2019, una cantidad que se distribuirá vía «transferencia finalista y directa» o a través de otras entidades locales.

Según consta en la disposición final tercera, relativa a la ‘distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género’.

Los fondos se distribuirán, se explica, según los siguientes criterios: una cantidad fija de 689 euros para el año vigente, y otra en función del número de habitantes según el Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017, de 0,18 euros por habitante.

El importe de la transferencia vendrá dado por la suma de ambas cuantías. «El remanente que exista después del anterior reparto se distribuirá proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio del año al que corresponda la asignación del fondo», se añade.

Además, se avisa de que «los fondos deberán destinarse a programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género».

Entre otras medidas, el Gobierno ha aprobado además que las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección jurídica y social, como hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades para acreditar su condición de maltratadas.

Para ello, el Ejecutivo ha modificado el artículo 23 de la ley de 2004 de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, de forma que «las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género».

Pero, añade, «también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos».