Sánchez facilitará la creación de una Justicia catalana independiente que salve a corruptos y golpistas

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, abrió la pasada semana el debate sobre la posibilidad de recuperar ciertos artículos del Estatut que en su día fueron tumbados por el Tribunal Constitucional. Entre ellos, se encuentra el polémico Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano suprimido por el Alto Tribunal y que pretendía una especie de Justicia independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este órgano tenía capacidad para actuar como un Poder Judicial independiente y de forma «desconcertada» del CGPJ. Sin embargo, la sentencia del Estatut tumbó, por ejemplo, el blindaje que se había hecho a los actos del Consejo de Justicia de Cataluña cuando actuaba en ejercicio de las competencias autonómicas, que no podían ser recurridos en alzada ante el CGPJ.

Potestad disciplinaria y para instruir expedientes

También rechazó que sea el Consejo de Justicia quien convoque los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados en Cataluña y que la Generalitat le proponga la convocatoria de oposiciones y concursos para las vacantes de magistrados, jueces y fiscales en Cataluña. Este órgano tampoco tendría capacidad, como se pretendía, para participar en la designación de los presidentes de sala del TSJC o instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados.

Entre sus atribuciones originarias estaba también su competencia en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, además de vigilar las órdenes de  inspección de los juzgados que instase el Gobierno.

Tras la sentencia del Estatut, este órgano se vació prácticamente de competencias. En la práctica, sólo se le permitió aplicar los reglamentos del CGPJ en el ámbito de Cataluña o informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados. El Consejo, a través de su presidente, debía además comunicar al CGPJ las resoluciones que dicte y las iniciativas que emprenda, así como facilitar la información que le sea pedida.

Esencial para la «confianza»

La revisión de este Consejo de Justicia es una de las prioridades para el PSOE. Y como tal figuró en el programa electoral del PSC para las elecciones del 21 de diciembre, según informó OKDIARIO. 

Bajo el epígrafe ‘Un acuerdo para la confianza y la reconciliación’, el PSC-federación de la que procede la ministra Batet- se defendía que la sentencia del Constitucional sobre el Estatut provocó «profundas heridas» en Cataluña. En este sentido, se veía necesario «un diálogo que sirva para avanzar y reencontrar el progreso social y económico de Cataluña».

«Este diálogo debe comenzar al día siguiente de las elecciones», se aseveraba, a fin «llegar a un gran acuerdo para la confianza y la reconciliación con el mayor número de fuerzas políticas posible, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de España».

«La base para este acuerdo puede ser un conjunto de propuestas para Cataluña que desarrollen al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española vigentes para fortalecer nuestro autogobierno e impulsar la renovación del pacto constitucional en un sentido federal».

Los socialistas catalanes hacían extensible esa propuesta al PSOE, en base a la Declaración de Barcelona, suscrita en su momento por Pedro Sánchez y Miquel Iceta.

Descentralizar el TSJC, instructor de la corrupción

En este sentido, se citaba entre las prioridades «impulsar el desarrollo normativo del Estatuto de Autonomía a partir de la resolución de los conflictos competenciales pendientes y la recuperación de los artículos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional». Y entre estos, se destacaba especialmente la «descentralización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Consejo de Justicia de Cataluña». En el punto siguiente se instaba a «promover el diálogo y el acuerdo para abordar el listado de reivindicaciones que el Gobierno catalán presentó al Gobierno español en abril de 2016» con la única excepción de la «demanda relativa al referéndum de secesión».

En otro momento, los socialistas catalanes apuntan a una «voluntad recentralizadora» en la Justicia, en especial en lo relativo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano encargado de las investigaciones sobre la corrupción en Cataluña, como el caso del 3 por ciento que involucra a los dirigentes independentistas.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que el Estatut se puede y se debe revisar y recuperar parte de su contenido, siempre que haya consenso. Batet propone impulsar leyes orgánicas del Estado para poder recuperar artículos que fueron en su día tumbados por el Tribunal Constitucional: «Ahí hay margen para trabajar», opinó recientemente en una entrevista. Así, consideró que algunos de estos artículos  fueron declarados inconstitucionales «no por el contenido, sino porque el Estatuto no era la norma adecuada para regular la materia en sí» y correspondía hacerlo en el marco de «leyes orgánicas como la del Poder Judicial».