Sánchez e Iglesias se reunieron en secreto el pasado jueves en Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo en la mañana del pasado jueves una reunión privada con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que trataron sobre la posibilidad de sacar adelante iniciativas legislativas conjuntas.
Precisamente, este viernes Iglesias aprovechaba la celebración de ese encuentro secreto para adelantarse al Gobierno y dar a conocer que su partido le ponía una lista de 20 medidas concretas con las que condicionaba su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, cuyo proyecto de ley tocará ya elaborar al Gobierno socialista.
Así quería el líder radical marcar la “agenda social” al presidente del Gobierno, que prometió desplegar una en la segunda mitad de la legislatura antes de convocar elecciones generales.
Fuentes del Gobierno y de Podemos han confirmado a Efe la celebración de la reunión, que Moncloa enmarca en la normalidad dentro de los primeros contactos que el jefe del Ejecutivo quiere mantener con todos los líderes de los partidos.
Estas mismas fuentes del Gobierno recalcan que la reunión fue «cordial» y relatan que uno de los asuntos tratados en el encuentro fue el objetivo de sacar adelante iniciativas conjuntas en las Cortes, donde los socialistas cuentan con 84 diputados y el grupo de Unidos Podemos con 67 diputados.
Además, desde Presidencia del Gobierno explican que Sánchez mantendrá más reuniones con otros líderes políticos, tanto en La Moncloa como en el Parlamento.
La reunión privada que mantuvieron se ha conocido después de que el líder de Podemos ofreciese ayer a Sánchez ser su «principal socio de Gobierno» y sostener al Ejecutivo a cambio de la puesta en marcha de una agenda de veinte medidas a lo largo de la legislatura.
Entre ellas, blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad, impulsar permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, derogar la ley mordaza y las dos últimas reformas laborales, subir a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional, una ley de igualdad retributiva o recuperar el dinero del rescate bancario.