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Los Mossos lamentan no poder usar pelotas de goma para hacer frente a los CDR

CDR
Los mossos cargan en la Delegación del Gobierno.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) se ha quejado de la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), más radicalizados en las últimas semanas. En concreto, echan de menos el poder disparar pelotas de goma.

Así figura en el escrito que el sindicato ha remitido al Síndic de Greuges de Cataluña, el órgano que gestiona las denuncias sobre el funcionamiento de las administraciones (aunque abiertamente partidario de los fines independentistas).

En la carta, lamentan que desde la orden de retirada de la utilización de pelotas de goma no se ha producido una «adecuación de las unidades en medios humanos y técnicos», como era promesa del Govern. ·Eso repercute, afirman, en las actuaciones policiales y en la propia seguridad de los agentes. «Este elemento -las pelotas de goma- permitía  preservar la distancia entre la línea policial y aquellos que ponen en riesgo la integridad de ciudadanos y los propios policías», se explica.

Las quejas por la deficiente protección a los agentes son cada vez más frecuentes. Como informó OKDIARIO, los sindicatos vienen reclamando también un cambio legislativo para endurecer las sanciones por el delito de ‘atentado contra la autoridad’ tras constatar un incremento en las agresiones a los agentes.

En la actualidad, este delito está recogido en los artículos 550 a 556 del Código Penal, que establecen penas de hasta cuatro años de prisión y multa de seis meses para quienes  «agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».

Las últimas acciones promovidas por los CDR -concentraciones y cortes de carreteras- han llamado la atención policial por el incremento de su radicalidad. Pero también centran las miradas políticas, y las discrepancias sobre a quién corresponde evitarlas.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, consideró hace unos días que esta organización le «recuerda» a la kale borroka y responsabilizó a los «cuadros intermedios» de los Mossos de no impedir los «altercados» en Cataluña.

Apenas un día después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó «crear una polémica sobre la actuación de los Mossos en este momento».  «Lo que procede -precisó- es criticar a estos comités de personas violentas y dejar que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplan con su función, que lo intentan y lo hacen en una situación de extrema dificultad».

El último llamamiento de estos comités es a una huelga general para «demostrar el poder del pueblo» y exigir la construcción de la República catalana, la libertad de los dirigentes encarcelados y el retorno de los fugados.

Hace unos días, en plena operación Retorno de Semana Santa, instaron a un acto de «desobediencia civil masiva» no pagando los peajes de las autopistas. La acción provocó colapsos en varias vías.

Aunque los hechos más graves tuvieron lugar en las concentraciones por la detención de Carles Puigdemont, el pasado 26 de marzo, que se saldaron con un centenar de heridos y nueve detenidos en graves disturbios entre agentes y manifestantes.

Los Mossos han solicitado también al Síndic que investigue estos altercados, en los que 23 agentes del Cuerpo resultaron heridos de distinta consideración. «Y que se haga también mención de si el operativo planificado, atendiendo a los recursos humanos y materiales de los que disponían los agentes, era del todo suficiente para desarrollar su función», añaden.

El Síndic ya anunció que estudiaría la actuación policial llevada a cabo durante las manifestaciones. Una investigación de parte, que este órgano justificó en las «distintas quejas» que había recibido y en las imágenes trasladadas por los medios de comunicación y redes sociales.

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