La UDEF registra las sedes de Alcoa por orden de la Audiencia Nacional por la venta de sus plantas

La UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscal) de la Policía está registrando en este momento diferentes sedes de la empresa líder mundial en fabricación de aluminio Alcoa, domicilios y despachos de abogados en Galicia, Asturias, Madrid, Málaga y Castellón por orden de la jueza María Tardón, del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional.

Se trata de 11 registros, en los que participan 100 efectivos de Policía con la posibilidad de practicar detenciones. Esta orden es consecuencia de la querella presentada por el sindicato querella Confederación de Cuadros Profesionales en relación con la venta al fondo de inversión Parter Partners de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, agurpadas en la sociedad Alu Ibérica.

La jueza admitió en diciembre la querella de los representantes de los trabajadores, en la que acusan a la compañía, sus filiales (Alu Ibérica) y sus responsables, así como al fondo comprador de las instalaciones y a Grupo Riesgo (que a su vez se las compró posteriormente a Parter) de apropiación indebida, estafa, insolvencia punible, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. 

Este registro se produce precisamente el mismo día en que OKDIARIO informa en primicia de la cercanía del acuerdo entre el conglomerado GFG (LIberty) y la SEPI para adquirir la última planta que le queda a Alcoa en España, la de San Cibrao (Lugo), tras la venta a finales de 2018 de las de Avilés y La Coruña que ahora investiga la Audiencia.

Este acuerdo se alcanza después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declarase nulo «por mala fe» el ERE de toda la plantilla de la planta con el que Alcoa pretendía apagar la cubas de aluminio y cerrar la planta. Una sentencia que la jueza Tardón citó como referencia en la admisión a trámite de la querella porque los sindicatos entienden que se trata de un proceso paralelo y similar al de las otras dos plantas, donde también amenazó primero con el cierre para finalmente acordar su venta a Parter.

Una venta y reventa polémicas

La venta a Parter generó gran polémica al tratarse de un fondo especulativo y no de un socio industrial como GFG, y que lo que hizo fue revender las instalaciones con plusvalía a Grupo Riesgo, presidido por Víctor Rubén Doménech (también querellado), en verano de 2019. Los sindicatos aseguran que no ha cumplido sus compromisos de ejecutar el plan industrial pactado entre los trabajadores y Alcoa, ni de acometer las inversiones previstas, ni de mantenimiento del empleo. Los querellantes también acusan a Alcoa de usar empresas pantalla para eludir la responsabilidad.

De hecho, los representantes de los trabajadores también demandaron a Alcoa y a Parter ante la Sala de lo Social de la Audiencia por incumplimiento de los compromisos adquiridos en la negociación de los ERE de esas plantas antes de su venta. El juicio debía celebrarse el pasado 1 de febrero, pero fue suspendido.

Según la Confederación, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa engañó a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018. Con ello, buscaba «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

El escrito, al que tuvo acceso Efe, relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».